2 de Abril de 2018
Además de argumentar que no hay recursos fiscales suficientes para implementar un Ingreso Básico Universal (IBU), el cuestionamiento más frecuente a esa propuesta, que constituye el corazón del programa de la coalición Por México al Frente, es la de que no hay un solo país en el que se haya implementado.
A primera vista el IBU parece una propuesta radical y los ciudadanos se preguntan con razón si eso no representaría un salto al vacío. Para ponernos de acuerdo en qué es la renta o Ingreso Básico Universal, paso a definirlo brevemente. 1) es un ingreso en efectivo, 2) recurrente, es decir, periódico, 3) que se entrega individualmente; 4) universal: que se da a toda la población, independientemente de su situación laboral, pobreza o riqueza 5) e incondicional, es decir, que no estipula cómo se debe gastar ni exige demostrar que sé es pobre o desempleado o en situación de vulnerabilidad.
Es cierto que no hay un país que haya implementado el IBU en un plazo lo suficientemente largo para evaluarlo. En 2010 se implementó en Irán con excelentes resultados en reducción de pobreza y desigualdad, pero las sanciones económicas internacionales contra ese país, así como el explosivo contexto geopolítico que lo rodea, han dificultado un mayor éxito.
Ha habido numerosas experiencias locales. La más conocida es la de Alaska, que desde hace décadas reparte un dividendo entre toda la población que lleva viviendo más de cinco años en ese estado. Los recursos provienen de la renta petrolera estatal. La cantidad máxima que se ha repartido son dos mil 200 dólares y la mínima mil 100 dólares anuales. Por cerca de diez años dos ciudades canadienses implementaron el IBU con resultados muy alentadores en salud y calidad de vida, pero se suspendió por un cambio de gobierno. Más cerca de nuestra experiencia se desarrollan iniciativas con el IBU en varias regiones de la India y de Nigeria.
Pero ésta no sería la primera vez que México “salta al vacío”. Las transferencias condicionadas, es decir, los recursos monetarios que transfiere Prospera (antes Oportunidades y Progresa) condicionados a que los beneficiarios acudan a servicios de salud y educación, son “hechas en México”. Dos distinguidos científicos sociales las inventaron: el economista Santiago Levy y el demógrafo José Gómez de León, fallecido en 2000. Desde su implementación más de 60 países las han copiado. Por tanto, ya tenemos la experiencia de cómo implementar una iniciativa novedosa en grandes regiones del país y/o nacionalmente así como los recursos humanos para hacerlo bien bajo un nuevo gobierno enemigo de la corrupción y del despilfarro, el de Por México al Frente.
La implementación del IBU permitiría acabar con el clientelismo y la corrupción que inevitablemente surgen cuando los programas sociales grandes como Progresa y más locales sectorizados o pequeños, benefician a unos sí y a otros no. No se requeriría padrones de beneficiarios y se evitarían fraudes de padrones dobleteados como los de Sedesol denunciados en la Estafa Maestra. Todos tendrían derecho a recibirlo, sí, hasta Carlos Slim y Alberto Baillères, un grano de arena comparado con los millones de pobres que mejorarían sus ingresos. El IBU no sustituiría ni los programas de salud ni los de educación, pero sí racionalizaría el universo de los 6,491 programas sociales que menciona Coneval en su Informe 2018 ; los recursos ahorrados con esta racionalización constituirían la plataforma de despegue del IBU. Además, en el Frente* hemos calculado que se podrían ahorrar 60 mil millones de pesos en el presupuesto anual al racionalizar y priorizar el gasto para la erradicación de la pobreza extrema y el ataque a los obstáculos a la movilidad social. Como lo explica John Scott en su contribución sobre la Renta Básica en el libro Y ahora qué, el peso fiscal del IBU que podría iniciar con aproximadamente 2 puntos del PIB iría disminuyendo en la medida en que la economía creciera.
Aunque originalmente los programas de transferencias condicionadas fueron concebidos no tanto para erradicar la pobreza sino para impedir que ésta destruyera capacidades y el capital humano de los más pobres, se esperaba que los ingresos que proporcionan junto con los miles de otros programas sociales siguieran disminuyendo la pobreza extrema, como sucedió inicialmente. Sin embargo, ésta ha subido a 19 % —de haber estado en 14%— de la población y los servicios de salud y sobre todo de educación que se asocian con este programa, son los de peor calidad. Se requiere una vuelta de tuerca: la implementación del IBU junto con un enfoque que priorice la inversión en infraestructura para la creación de empleos, la mejora sustancial de la educación para los más desprotegidos, una propuesta de inserción productiva y capacitación, la disminución de los costos asociados a la creación de empleos y la universalización progresiva de la seguridad social. Y sí, esto requerirá a su debido tiempo algunas modificaciones fiscales.
En Por México al Frente hablamos abiertamente del IBU: es nuestra propuesta. La coalición de Morena, no se atreve. Allá ellos.
*En este blog encontrará el estudio que menciono. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx
CASI TODO 