Chihuahua: Los Expedientes X

15 de Enero de 2018

En los corrillos de los especialistas en derecho penal es común que a los apellidos de algunos abogados penalistas se les agregue el siguiente colofón: “Nunca ha perdido un caso”. Con esta combinación, el apellido famoso, el récord de haber ganado casos emblemáticos y de haber salvado de la cárcel a individuos sorprendidos con la pistola todavía humeante o las cajas de dinero en su casa, los despachos de abogados con apellidos como Coello o Velázquez contaban con el poder disuasorio de su fama: antes de entrar a juicio éste ya estaba prácticamente ganado.

¿Por qué habría de derrotar al Darth Vader de los penalistas éste o aquel agente del ministerio público pobre, mal pagado y peor capacitado? Para mí lo más sorprendente de los casos construidos por la Fiscalía General de Chihuahua contra diversos exfuncionarios del gobierno de César Duarte y contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, va más allá del peso político de los nombres implicados, incluso, sobrepasa el mérito de haber documentado cómo se desviaron recursos públicos a empresas fantasma y también hacia dónde fue ese dinero.

Lo realmente alentador es ver funcionando a una generación nueva de fiscales que inició su práctica profesional en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y para la cual los nombres de los émulos mexicanos de Darth Vader les son, prácticamente, desconocidos, indiferentes y quizá les recuerde vagamente alguna reliquia abogadil del siglo pasado. No exagero. El estado de Chihuahua inició las reformas al proceso penal acusatorio desde 2005 y en 2006 aprobó las modificaciones a sus ordenamientos locales, dos años antes de la reforma constitucional federal. Los actuales fiscales y jueces tienen experiencia de, por lo menos, siete años en el nuevo sistema oral y público. Se desempeñan con soltura y profesionalismo. Hasta ahora su récord de bateo en los casos mencionados es de 100 por ciento: de 15 solicitudes de vinculación a proceso, todas han sido concedidas. Hay cinco sentenciados y una extensa y prolija documentación que sustenta todos los casos. El aura disuasoria de los grandes nombres, como la amenaza de los vampiros, se ha evaporado con la luz del día.

La formación de estos nuevos fiscales, que me recuerdan a los giudice ragazzino, los jóvenes magistrados de la operación Manos Limpias, de Italia, no es mérito del actual gobernador Javier Corral y eso es lo mejor de todo. Lo es de la sociedad civil local que impulsó y apoyó esos cambios, lo es también de profesionistas del derecho deseosos de recuperar la inmensa dignidad de su profesión y de poner un alto a la impunidad. Lo es de todos los que tuvieron la paciencia y el convencimiento de superar errores terribles como el del caso Rubí e insistir en que era posible superarlos.

Lo que sí es un mérito del actual gobernador es su respaldo a esta nueva generación de fiscales —por cierto, con importante participación de abogadas—, su garantía de ser imparcial en todos los casos, incluyendo aquellos que pudieran afectar a su partido. También, es un mérito del gobernador Corral cimentar la decisión de perseguir la corrupción con la construcción de casos sólidos, basados en documentación: transferencias, contratos, facturas cuchas. El desarrollo de los casos deja ver estrategia, trabajo preparatorio riguroso, investigación y formación de equipos. Se ha argumentado que las pruebas son débiles pues estarían basadas en los testimonios de testigos protegidos, que mentirían y dirían lo que la parte acusadora quiere escuchar, con tal de ver reducida su sentencia. Se equivocan: no hay en estos casos testigos protegidos como los de la justicia norteamericana. Hay confesiones que pueden beneficiar al testigo o al acusado si y sólo si sus dichos pueden ser respaldados de forma convincente.

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El estruendo que rodea al caso Chihuahua ha ocultado lo más significativo y trascendente: que el nuevo Sistema Penal Acusatorio está funcionando bien en uno de los estados pioneros y que por tanto su éxito puede replicarse en el resto del país. Que invertir en la formación de profesionistas para este sistema, es lo mejor que puede hacer una entidad federativa contra la impunidad y por tanto contra la corrupción y la inseguridad. Que es fundamental persistir, pues se trata de una ruta larga y de aprendizaje constante. Que por lo tanto, sí se puede, podemos transformar a este país. Pero se necesita voluntad política como la mostrada por el gobernador Corral y amplia participación de la sociedad, como la de ayer domingo.

Y una nota de humor negro: Ya no sabe qué inventar la Secretaría de Hacienda, que afirma que tampoco le alcanzó el dinero para Tlaxcala y Zacatecas. Dejen de ahorcar a Chihuahua y pónganse a pensar qué harán para proteger a México de los efectos de la Reforma Fiscal de Trump. He dicho. Y nos vemos en twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

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