¿SHCP o SHCPRI?

22 de Enero de 2018

Mañana martes, en la sesión de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votaré en contra de la ratificación del nombramiento del doctor Miguel Messmacher como subsecretario del ramo en la Secretaria de Hacienda. Lo hago con pesar porque reconozco como positiva su contribución y sugerencias a la reforma tributaria aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2013.

Aunque perfectible y mucho, considero que la reforma redujo la vulnerabilidad del país frente a choques externos y tuvo, aunque discretamente, un carácter progresivo y redistributivo.

¿Por qué votar en contra de un profesional probado y talentoso para la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público? Porque si en el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y exfuncionarios del PRI, Messmacher optó por faltar a la verdad y justificar el uso partidario del poder de Hacienda para intentar estrangular al gobierno de Javier Corral, poco se puede
esperar de él en el periodo electoral en el que estamos inmersos.

El doctor Messmacher faltó a la verdad cuando afirmó en entrevista con Denise Maerker que no se le depositaron recursos a Chihuahua porque los juicios entablados por la fiscalía estatal y la posible controversia constitucional que podría presentar el gobierno de Chihuahua cuestionan la validez de los convenios mencionados.

Los juicios a que hace referencia el todavía subsecretario de Ingresos se iniciaron hace varios meses y no obstaron para que el 14 de diciembre se firmara el convenio por los 700 millones de recursos extraordinarios, que obviamente tenía en su poder la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esa fecha, la SHCP no consideró que se ponía en entredicho “la validez jurídica del instrumento”, es decir el convenio por recursos extraordinarios. La única novedad legal habida entre el 14 y el 29 de diciembre, fecha en la que se le informó al secretario de Finanzas de Chihuahua que no se depositaría el
dinero, sucedió el 20 de ese mes: el encarcelamiento de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI.

El cumplimiento de la orden de aprehensión contra el exfuncionario del PRI no altera la naturaleza de los juicios, es apenas el desarrollo natural de búsqueda de presentación de pruebas, acusados, etcétera. Tiene un profundo significado político, pero eso no debía preocuparle a un funcionario que tiene obligaciones de imparcialidad con el Estado mexicano, no con el partido en el poder.

Messmacher menciona la posible presentación de una controversia constitucional como prueba de que existe un cuestionamiento a la validez del convenio. Sobra decir que si se hubieran depositado los recursos, como se había convenido, no hubiera surgido la opción de una controversia, no contra el convenio, sino contra la decisión arbitraria de no depositar los recursos.

El comportamiento poco institucional del subsecretario Messmacher me impide votar a favor de su nombramiento, especialmente cuando, en efecto, es posible que se presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. De aceptarse este recurso, la SHCP tendría que demostrar que no había suficiencia presupuestal —el único argumento hasta el 29 de diciembre— y que tampoco fueron provistos de recursos extraordinarios Tlaxcala y Zacatecas, como se informó en el comunicado del 14 de enero. Con una SHCP partidizada, volcada a la protección del candidato del PRI, temo por la integridad de los archivos y de la información que se presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El vaciamiento de cuadros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la campaña del candidato del PRI pone en entredicho la institucionalidad e imparcialidad de una Secretaría que, por lo menos, en apariencia tenía cierto barniz de Estado. Las declaraciones de Vanessa Rubio, todavía en su calidad de subsecretaria del ramo, en las que acusa irresponsablemente de “extorsión” al gobernador Javier Corral, prueban el conflicto de interés rampante entre los cuadros directivos de esa dependencia y la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

Es alentador el apoyo entusiasta de la ciudadanía de Chihuahua, incluyendo el apoyo generalizado de organizaciones empresariales, a las iniciativas por desterrar la corrupción de las finanzas públicas y en contra del impúdico maridaje de los recursos públicos con el partido en el poder. La Caravana por la Dignidad partió desde el Chamizal el sábado 20 y llegará a la Ciudad d México el 4 de febrero, recogiendo testimonios y sembrando esperanzas. Por fin una batalla basada en hechos y evidencias y no meros discursos y promesas. Nos vemos en Twitter @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx.