05 de Febrero de 2018
En este país de avances milimétricos de la democracia y la justicia, una marcha para celebrar el triunfo de una causa justa y de la gente que la defendió es un hecho notable. En mi largo historial de manifestaciones, la de ayer domingo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el movimiento #UnidosConValor y #JusticiaParaChihuahua, es la primera vez que marcho para celebrar una victoria.
Si alguien tiene dudas de que el acuerdo logrado entre el gobernador Corral y el secretario de Gobernación, Navarrete Prida, es en verdad un triunfo sólo revise el contenido y el costo político que éste puede tener en época electoral: la Procuraduría General de la República, PGR, solicitará la detención, con fines de extradición, del exgobernador César Duarte Jáquez por las 11 órdenes de aprehensión giradas, no por las tres que la PGR había escogido arbitrariamente. La PGR dejará de estar sola y a sus anchas en este proceso: la Fiscalía General de Chihuahua fungirá como su coadyuvante legal. No será fácil traerlo a México pero hoy estamos más cerca y el tamaño del miedo del prófugo se mide por la decisión de contratar al exjuez Baltasar Garzón, quien mancha su buena fama y su valiente historial al aceptar este caso.
Es mi impresión que por varias razones, al gobierno de Chihuahua le convenía que el detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fuera trasladado a una prisión federal. La primera: trasladar la responsabilidad del buen cuidado del preso al gobierno federal quitando esa presión de las autoridades carcelarias locales. Lo que pareció una cesión del gobierno de Chihuahua es en realidad un motivo de alivio.
El señor Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, está acusado de peculado agravado contra recursos de la Hacienda estatal que, al parecer, terminaron en cuentas de sus empresas. Por tanto, está sujeto a un proceso penal del ámbito estatal. No podrá ser trasladado a una prisión federal fuera del estado de Chihuahua, pues debe estar a disposición del juez que examina su caso. A diferencia de procesos como los de Veracruz contra Javier Duarte, que se caen por notorios errores en el debido proceso o en el armado de las acusaciones, ya sea por corrupción o por chambonería, fiscales y jueces en el estado de Chihuahua tienen una importante experiencia en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. La mayoría de los fiscales (o agentes del Ministerio Público) y de los jueces del estado norteño no conocen el sistema anterior, tan vulnerable al cohecho y la corrupción y a los dramas tan bien descritos en presunto culpable. Iniciada la transición al nuevo sistema desde 2005, con errores, avances y la transformación de la currícula de las escuelas de leyes, la reforma da frutos con mejores fiscales y juzgadores.
El equipo de defensa del exfuncionario priista ha interpuesto una demanda, acusando a la Fiscalía del estado norteño de someterlo a torturas sicológicas. El acuerdo firmado entre la Secretaría de Gobernación y el gobernador Corral, condiciona el traslado del preso a una prisión federal a que el quejoso sea sometido por una o varias organizaciones nacionales y/o internacionales de prestigio al Protocolo de Estambul, mecanismo que permite establecer con certeza si realmente ha habido tortura o si la defensa del señor Gutiérrez y el candidato Meade que gritó “¡tortura, tortura!” han visto demasiados episodios de Homeland, las películas de La identidad Bourne o todas juntas.
En cuanto al tema hacendario, no hay duda de qué lado está la razón. No se tuvo que esperar a que terminaran los juicios o a que Chihuahua interpusiera la controversia constitucional para reconocer que no se ponía en duda el valor jurídico del convenio entre Hacienda y Chihuahua sobre recursos extraordinarios, como afirmó faltando a la verdad el subsecretario Messmacher. No había escasez de recursos del Ramo 23 como lo afirmó falsamente el secretario de Hacienda y lo repitiera el mismo subsecretario. El gobernador de Chihuahua no intentó “extorsionar” a la SHCP como afirmara Vanessa Rubio, entonces subsecretaria del Ramo y hoy jefa de la Oficina de José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI. Y no hago énfasis en la patraña de las cuentas equivocadas por respeto a la inteligencia del lector.
Pero en algo tienen razón los escépticos: que se haya tenido que recorrer 4,300 km para que apenas pueda empezar a cumplirse la ley dimensiona la victoria. Es importante, es meritoria, pero nos hacen falta muchas más. Más casos contra la corrupción bien integrados que pongan coto a la impunidad, más resistencia a la arbitrariedad de Hacienda y un nuevo impulso al federalismo fiscal. Más ciudadanos que —como los chihuahuenses— digan basta y no consideren normal lo que es extorsión, corrupción e impunidad. Como decimos en Por México al Frente, se necesita un cambio de régimen: se puede y se debe.
Nos vemos en @ceciliasotog y en fb.com/ceciliasotomx.
CASI TODO 
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