La operación Manos limpias

Ésta es la traducción al español de un pequeño ensayo del juez brasileño Sérgio Moro, sobre Operación Manos Limpias, en Italia. El ensayo es de 2002, pero contiene observaciones claves para entender cómo ha funcionado la Operación Lava Jato, contra la corrupción en Brasil. El juez Moro ha jugado un papel más determinante en el buen desarrollo de esta operación que ha revelado los vinculo entre la política, las empresas del Estado y los llamados “campeones nacionales”, empresas privadas que el gobierno distingue como estratégicas.

Además de la Operación Lava Jato, el juez federal tuvo otros casos resonantes. Condujo el caso Banestado, que resultó en la condena de 97 personas; participó en la Operación Farol de la Colina, donde se decretó la prisión temporal de 103 sospechosos de evasión de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero.

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1 INTRODUCCIÓN

La denominada “operación manos limpias”, iniciada en Italia en 1992, constituye un momento extraordinario en la historia contemporánea del Poder Judicial. Se inició a mediados de febrero de 1992, con la prisión de Mario Chiesa, que ocupaba el cargo de director de una institución filantrópica de Milán (Pio Alberto Trivulzio).

Dos años después, se habían expedido 2,993 órdenes de prisión; 6,059 personas estaban bajo investigación, incluyendo 872 empresarios, 1,978 administradores locales y 438 parlamentarios, de los cuales cuatro habían sido primeros ministros.

La acción judicial reveló que la vida política y administrativa de Milán y de la misma Italia estaba sumergida en la corrupción a través del pago de sobornos para la concesión de todo contrato público, lo que llevó a la utilización de la expresión “Tangentopoli” o “Bribesville” (lo equivalente a la “sobornópolis”) para nombrar esa situación.

La operación manos limpias incluso transformó el arreglo político en Italia. Partidos que habían dominado la vida política italiana en la posguerra, como el Socialista (PSI) y el de la Democracia Cristiana (DC), fueron llevados al colapso, obteniendo, en la elección de 1994, únicamente 2.2% y 11.1% de los votos, respectivamente.

Tal vez no exista un paralelo de acción judicial con efectos tan incisivos en la vida institucional de un país. Por cierto, manos limpias tiene sus críticos, especialmente después de diez años. Diez acusados cometieron suicido. Silvio Berlusconi, magnate de los medios de comunicación y uno de los investigados, hoy ocupa el cargo de Primer Ministro de Italia.

Sin embargo, por sus éxitos y fracasos y especialmente por la magnitud de sus efectos, constituye objeto de estudio obligatorio para comprender la corrupción en las democracias contemporáneas y las posibilidades y límites de la acción judicial en relación a ella.

2 CAUSAS DE LA CAÍDA DE UN SISTEMA CORRUPTO

Según Porta y Vannucci1, tres fueron las causas que precipitaron la caída del sistema de corrupción italiano y posibilitaron la operación “manos limpias”: a) una coyuntura económica difícil, aliadas a los costos crecientes de la corrupción; b) la integración europea, que abrió los mercados italianos a empresas de otros países europeos, aumentando las dudas de que los italianos no podrían, por los costos de la corrupción, competir en igualdad de condiciones con sus nuevos competidores; y c) la caída del “socialismo real”, que llevó a la deslegitimación de un sistema político corrupto, fundado en la oposición entre regímenes democráticos y comunistas.

La política de la posguerra italiana estaba basada en la separación de Europa en dos bloques, el democrático-liberal y el comunista. Dicho contraste también se hacía presente en Italia, con la oposición entre los partidos de derecha, como la Democracia Cristiana (DCI) y los de izquierda como el Partido Comunista Italiano (PCI). Con la caída del “socialismo real” y el enfriamiento del debate ideológico, las fragilidades del sistema partidario y la corrupción se tornaron más evidentes.

La deslegitimación del sistema se agravó aún más con el inicio de los encarcelamientos y la divulgación de casos de corrupción. La deslegitimación, al mismo tiempo que hacía posible la acción judicial, era alimentada por ella: La deslegitimación de la clase política dio un ímpetu a las investigaciones de corrupción. Consecuentemente, las investigaciones judiciales de los delitos contra la administración pública se esparcieron como fuego salvaje, DESNUDANDO también la compra y venta de votos y las relaciones orgánicas entre ciertos políticos y el crimen organizado. Las investigaciones de manos limpias minaron la autoridad de los jefes políticos – como Arnaldo Forlani y Bettino Craxi, líderes de la DC y del PCI; y los más influyentes centros de poder, quitando así su capacidad de castigar a aquellos que quebraban el pacto del silencio2.

El proceso de deslegitimación fue esencial para la propia continuidad de la operación manos limpias. No faltaron intentos del poder político para interrumpirla. Por ejemplo, en el gobierno del primer-ministro Giuliano Amato se intentó, en marzo de 1993 y por decreto legislativo, despenalizar la realización de donaciones ilegales para partidos políticos. La reacción negativa de la opinión pública, con huelgas en las escuelas, y manifestaciones estudiantiles fue esencial para el rechazo de la medida legislativa3. De la misma manera, cuando el Parlamento italiano en abril de 1993 rehusó parcialmente la autorización para que Bettino Craxi fuera procesado penalmente, hubo una intensa reacción de la opinión pública. Una de las protestas populares asumió aires violentos. Una multitud reunida delante de la residencia de Craxi lanzó monedas y piedras cuando este personaje dejó su casa para atender una entrevista en la televisión4. En julio de 1994, el gobierno del primer-ministro Silvio Berlusconi, elaboró nuevo decreto legislativo que eliminaba la prisión preventiva para categorías específicas de delitos, incluyendo la corrupción activa y pasiva. El equipo de fiscales de la operación manos limpias amenazó renunciar colectivamente a sus cargos. Una vez más, la reacción popular con vigilias ante las Cortes judiciales milanesas fue esencial para el rechazo de dicha medida5.

En verdad es ingenuidad pensar que procesos penales eficaces contra figuras poderosas, como autoridades gubernamentales o empresarios, puedan ser realizados normalmente sin provocar reacciones. Un Poder Judicial independiente tanto de presiones externas como internas, es condición necesaria para sostener acciones judiciales de ese talante. Entretanto, la opinión pública, como ilustra el ejemplo italiano es también esencial para el éxito de la acción judicial.

Para Porta y Vannucci, la creación del Consejo Superior de la Magistratura (CSM en italiano) fue fundamental para reforzar la independencia interna de la judicatura italiana6, haciendo posible la operación manos limpias. También fue importante la renovación de la judicatura y la propia imagen positiva de los jueces ante la opinión pública, conquistada con duras pérdidas, principalmente en la lucha contra la mafia y el terrorismo: Un tipo diferente de juez ingresó al Poder Judicial (en las décadas de los años setenta y ochenta). Así como la ampliación de la educación pública abrió el camino a las universidades para las clases bajas, el ciclo de protesta del final de la década de los años sesenta influenció las actitudes políticas de una generación. En el sistema judicial, los así denominados “pretori d’assalto” (“jueces de ataque”, i.e., jueces que toman una postura activa, utilizando la ley para reducir la injusticia social) toman frecuentemente posturas antigubernamentales en materia de trabajo y de derecho ambiental. Al mismo tiempo, especialmente en la lucha contra el terrorismo y la Mafia, los jueces ejercitan un poder proactivo, en sustitución de un poder político impotente. La valentía de muchos jueces que en varias ocasiones pagaron con sus vidas la defensa de la democracia italiana, contrastaba con las conspiraciones de una clase política dividida y los jueces ganan una especie de legitimidad directa ante la opinión pública. Al final de los años ochenta y en la década de noventa, todavía había cierta actitud de complicidad de algunos jueces con las fuerzas políticas que había retardado la acción judicial. Una nueva generación de los así llamados “giudici ragazzini” (jóvenes jueces), sin ningún sentido de deferencia en relación al poder político (y, al contrario, consciente del nivel de alianza entre los políticos y el crimen organizado), inició una serie de investigaciones sobre la mala conducta administrativa y política.

La independencia judicial, interna y externa, la progresiva deslegitimación de un sistema político corrupto y la mayor legitimación de la magistratura en relación a los políticos profesionales fueron, por lo tanto, las condiciones que hicieron posible el círculo virtuoso generado por la operación manos limpias.

3 LA OPERACIÓN MANOS LIMPIAS

Se inició con la prisión de Mario Chiesa, que debía su cargo administrativo al Partido Socialista Italiano y fue arrestado con el soborno en el bolsillo, cerca de siete mil liras (US$ 4,000.00) que habría recibido de una empresa de limpieza. Posteriormente, se encontraron más de quince mil millones de liras depositadas en cuentas bancarias o en inmuebles y títulos públicos de su propiedad. Hacia el final de marzo de 1992, Chiesa, preso en la cárcel de Sao Vittore de Milán, empezó a confesar.

Chiesa había exigido el pago de soborno en cada contrato celebrado por la Institución filantrópica y lo utilizaría para el financiamiento de sus ambiciones políticas y de su Partido, con la finalidad de mantener el cargo en la institución filantrópica: “En resumen, para entender las razones por las cuales tuve que participar directamente en el esquema de sobornos, es necesario entender que yo no me mantenía como presidente de una organización como Trivulzio simplemente porque yo era un buen técnico o un buen administrador del área de salud, sino porque de cierto modo yo era una fuerza a ser considerada en Milán, teniendo un cierto número de votos a mi disposición. Para adquirir la suma final de siete mil votos, durante mi carrera política, tuve que sostener el costo de crear y mantener una organización política que pudiera obtener votos por toda Milán8.

Chiesa, que mantenía relaciones importantes con el líder del Partido Socialista, Betino Craxi, reveló toda la trama de relaciones corruptas en la ciudad de Milán. Su confesión inicial generó un círculo virtuoso que llevó a nuevas investigaciones, con otros encarcelamientos y confesiones.

La estrategia de la acción adoptada por los magistrados incentivaba los investigados a colaborar con la Justicia: “La estrategia de investigación adoptada desde el inicio de la investigación sometía a los sospechosos a la presión de tomar la decisión de confesar, lanzando públicamente la sospecha de que otros ya habrían confesado y generando la perspectiva de permanencia en la cárcel por lo menos por el período de la prisión preventiva en el caso de mantenerse callados o, viceversa, de liberación inmediata en el caso de una confesión (una situación análoga al arquetipo del famoso “dilema del prisionero”). Además, se diseminaba al público la información sobre una corriente de confesiones que ocurría atrás de las puertas cerradas de las oficinas de los magistrados. Para un prisionero, la confesión puede parecer la decisión más conveniente cuando otros acusados ya confesaran o cuando él desconoce lo que los demás han hecho y sería de su interés adelantárseles. El aislamiento en la cárcel era necesario para prevenir que los sospechosos supieran de la confesión de otros: de esa manera acuerdos del tipo yo no hablo si tú tampoco hablas’ ya no eran una posibilidad”9.

Hay quien pueda ver con malos ojos dicha estrategia de acción y la propia confesión premiada. Caben aquí algunos comentarios.

No se detiene a nadie con el objetivo de alcanzar confesiones. Se detiene a una persona cuando están presentes los supuestos para que se decrete una orden de prisión antes del juicio. En dado caso que eso ocurra, no existe ningún obstáculo moral en intentar obtener del investigado o del acusado una confesión o denuncia premiada, evidentemente sin la utilización de ningún método interrogatorio repudiado por el derecho. El propio aislamiento del investigado se hace apenas en la medida de lo permitido por la ley. El interrogatorio por separado, a su vez, es técnica de investigación que se encuentra amparada inclusive en la legislación patria (art. 189, Código de Proceso Penal).

Sobre la confesión premiada, no se está traicionando la patria o a alguna especie de “resistencia francesa”. Un delincuente que confiesa un crimen y revela la participación de otros, aunque esté movido por intereses egoístas, colabora con la justicia y con la aplicación de las leyes de un país. Si las Leyes son justas y democráticas, no hay como condenar moralmente la denuncia; lo que es condenable en ese caso es el silencio.

Tengamos en mente que delitos contra la Administración Pública se cometen de manera oculta, en la mayoría de las veces recurriendo a artificios complejos, siendo difícil descubrirlos sin la colaboración de uno de los participantes. Según Piercamillo Davigo, uno de los miembros del equipo milanés de la operación manos limpias: “La corrupción involucra quien paga y quien recibe. Si ambos se callan no descubriremos nada nunca10.

Usualmente, se cuestiona a la confesión premiada por su posible y poca confiabilidad. Un investigado o acusado sometido a una situación de presión podría, para librarse de ella, mentir sobre el tema del involucramiento de terceros en un delito. Mientras tanto, lo que cabe aquí no es la condena del uso de la denuncia premiada sino tener el debido cuidado para que se obtenga la confirmación de los hechos revelados por medio de medios independientes de prueba.

Por cierto, la confesión o delación premiada se transforma en una buena alternativa para el investigado únicamente cuando éste se encuentre en una situación difícil. De nada sirve esperar confesiones si no existen buenas pruebas contra el acusado o si éste no tiene motivos para creer en la eficacia de la persecución penal. La prisión preventiva es una forma de subrayar la seriedad del delito y evidenciar la eficacia de la acción judicial, especialmente en sistemas judiciales morosos. Siempre y cuando estén presentes los argumentos, no hay obstáculo moral en someter al investigado a ella. Roberto Mongini, uno de los primeros encarcelados por manos limpias se pronunció así en relación a lo que habría provocado su confesión: Un Mogini en Sao Vittore (la cárcel milanesa) es algo muy diferente a un Mongini libre. Por ejemplo, conmigo en la cárcel, si los periódicos divulgaran que estaba confesando (cómo de hecho algunos periódicos lo hicieron, posterior al primer interrogatorio cuando yo realmente no había dado ninguna información), tal vez algunos empresarios que trabajaron con la SEA (órgano del cual Mongini era vicepresidente) tuvieran miedo y corriesen hacia los agentes del ministerio público antes de que los “carabineri” (policías) corrieran atrás de ellos11.

A propósito, la reducida incidencia de denuncias premiadas en la práctica judicial brasileña tal vez tenga como una de sus causas la relativa ineficiencia de la justicia penal. No hay motivo para que el investigado confiese e intente obtener algún beneficio derivado de ello si hay pocas perspectivas de que se someterá en el presente o en el futuro próximo a una acción judicial eficaz en el caso de que no confiese.

Los responsables por la operación manos limpias12 también hicieron un amplio uso de la prensa. En efecto: “para el disgusto de los líderes del PSI, que por cierto nunca pararon de manipula a la prensa, la investigación de “manos limpias” filtraba mucha información. Tan pronto alguien era preso, se daban a conocer detalles de su confesión a través de “L’expresso”, “La Republica” y otros periódicos y revistas simpatizantes. A pesar de que no existía ninguna sugerencia de que algunos de los procuradores más involucrados con la investigación habrían alimentado deliberadamente a la prensa con información, las filtraciones servían a un propósito útil. El constante flujo de revelaciones mantuvo el interés público elevado y los líderes partidarios en la defensiva. Craxi, especialmente, no estaba acostumbrado a mantenerse en la posición humillante de tener que contestar a las acusaciones y de tener su agenda política definida por otros”13.

La publicidad dada a las investigaciones tuvo el efecto saludable de alertar a los investigados en potencia sobre el incremento de la masa de información en las manos de los magistrados, favoreciendo nuevas confesiones y colaboraciones. Más importante: garantizó el apoyo de la opinión pública a las acciones judiciales, impidiendo que las figuras públicas investigadas obstruyeran el trabajo de los magistrados, lo que como se observó anteriormente, de hecho se intentó.

Hay siempre el riesgo de lesión indebida al honor del investigado o acusado. Cabe aquí, por lo tanto, el cuidado en la denuncia de hechos relativos a la investigación, y no a la prohibición abstracta de divulgación, pues la publicidad tiene objetivos legítimos y que no pueden ser alcanzados por otros medios.

Los encarcelamientos, confesiones y la publicidad dada a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, que representa la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos por la operación manos limpias.

A título de ejemplo y sin profundizar mucho en el mérito de las acusaciones, es oportuno destacar lo ocurrido con uno de los principales investigados o tal vez el principal: Bettino Craxi. Líder del PSI y ex primer ministro, fue uno de los principales blancos de la operación manos limpias. Craxi, ya amenazado por las investigaciones, reconoció cínicamente la amplia práctica generalizada de las donaciones partidarias ilegales en un famoso discurso en el Parlamento italiano, el 3/7/1992: “Los partidos políticos han sido el cuerpo y el alma de las estructuras democráticas… Desafortunadamente, es usualmente difícil identificar, prevenir y extirpar áreas de infección en la vida de los partidos… Pero, bajo la cobertura del financiamiento irregular de los partidos, casos de corrupción y extorsión florecieron y se interconectaron… Lo que es necesario decir es que de cualquier manera, todos saben que la mayor parte del financiamiento de la política es irregular o ilegal. Los partidos y aquellos que dependen de la máquina partidaria (grande, mediana o pequeña), los periódicos, las agencias de publicidad, las actividades asociativas o promocionales… han recurrido a recursos adicionales irregulares. Si la mayor parte de esto debe ser considerada pura y sencillamente delictivo, entonces la mayor parte del sistema político es un sistema delictivo. No creo que haya alguien en esta Casa que sea responsable de una gran organización que pueda mantenerse de pie y negar lo que digo. Tarde o temprano los hechos harán de él un mentiroso”14.

En diciembre de 1992, Craxi recibió su primer avviso di garanzia, un documento de dieciocho páginas en el cual era acusado de corrupción, extorsión y violación de la ley que reglamenta el financiamiento de campañas. La acusación tenía como base, entre otras pruebas, la confesión de Salvatore Ligresti, supuesto amigo personal de Craxi, preso en julio de 1992, de que el grupo empresarial de su propiedad habría pagado aproximadamente US$ 500,000.00 desde 1985 al PSI para ingresar y mantenerse en el grupo de empresarios del PSI.

En la segunda semana de enero de 1993, Craxi recibió el segundo avviso di garanzia con acusaciones de que el soborno tendría también como beneficiario al propio Craxi, y no solamente al PSI. Los pagos serían hechos a Silvano Larini, que sería amigo próximo de Craxi. Larini y Filippo Panseca serían los propietarios de la empresa a la cual Craxi rentó sus mansiones opulentas en Como y Hammamet. Larino se entregó a la policía en febrero de 1993 y admitió que actuó como intermediario entre Craxi y la comunidad empresarial de Milán para el pago de sobornos. Craxi recibió nuevos avviso de garanzia antes de renunciar a la posición de líder del PSI en febrero de 1993.

También vio su nombre involucrado en el escándalo de Enimont. Enimont era una empresa química de una joint venture entre ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), la empresa petrolera estatal italiana, y Montedision, empresa química subsidiaria del grupo Ferruzi (considerado el segundo mayor de Italia después de FIAT). Por los términos del acuerdo, el grupo privado no podría poseer más que el 40% de las acciones. Sin embargo, Raul Gardini, líder del grupo Ferruzi, quebró el pacto e intentó obtener agresivamente el control de Enimont, encontrando resistencia política. En noviembre de 1990, atendiendo un pedido de Enimont, se suspendieron judicialmente todas las negociaciones de acciones de la empresa y se nombró como interventor a una persona vinculada a Craxi. Bloqueada en sus aspiraciones, Montedision estuvo de acuerdo en vender al Gobierno su parte en el negocio por aproximadamente dos mil millones de dólares. El precio sobreestimado (cada acción, con valor de 1,374 liras fue adquirido por la ENI por 1,540 liras) tenía una razón de ser: el pago de aproximadamente cien millones de dólares a varios líderes políticos, entre ellos, Craxi. El soborno se pagó por Gardini con la ayuda de Sergio Cusani, consultor financiero próximo a Craxi y otros políticos. En julio de 1993, informado de que el fraude estaba a punto de ser revelado por la operación manos limpias, Gardini se suicidó. Cusani fue preso también en julio y, en su juicio, se escucharon como testigos varios políticos que habrían recibido soborno. Algunos de ellos, como Carlos Vizzini, Giorgio Malfa y Claudio Marlelli este último exministro de justicia, admitieron el hecho, o sea, la recepción del soborno.

La operación manos limpias también reveló que la ENI funcionaría como una fuente de financiamiento ilegal para los partidos. Florio Fiorini y Gabriele Cagliari, director financiero y presidente de la empresa, respectivamente confesaron, después de haber estado en prisión en 1993, que la gigante estatal habría efectuado pagos mensuales a los principales partidos políticos durante años. Cagliari fue otro de los encarcelados que, después de admitir el pago del soborno (de aproximadamente dieciocho millones de dólares), se suicidó en la cárcel.

Bettino Craxi, ante las acusaciones y sentencias se autoexilió en 1994 en Túnez, en donde murió en el año 2000.

Otras figuras políticas italianas igualmente importantes sufrieron las acciones de manos limpias. De particular énfasis es la figura de Giulio Andreotti, líder de la Democracia Cristiana (DC) y ex primer ministro, procesado por la Procuraduría de Palermo en 1993, por asociación con la mafia. Salvo Lima, que era representante de la DC en Sicilia y la persona de confianza de Andreotti, poseía conexiones comprobadas con la mafia, siendo improbable que Andreotti desconociera dichos hechos. Salvo Lima incluso fue asesinado por la organización criminal en lo que se interpretó como un castigo por su fracaso en la protección jurídica y política de la mafia después de la condena de varios jefes de la mafia en el maxi-proceso dirigido por el magistrado Giovanni Falcone. De la misma manera, mafiosos “arrepentidos” y colaboradores de la Justicia, como Tommaso Buscetta, revelaron encuentros entre el ex primer ministro y mafiosos, incluso con el jefe Toto Riina. Andreotti, sin embargo, siempre negó las acusaciones y afirmaba que estaba siendo víctima de una venganza por la mafia en virtud de sus acciones políticas contra ésta. El hecho es que Adnreotti, haya sido o no culpado, fue más recientemente y después de varias decisiones y apelaciones, absuelto de las acusaciones por falta de pruebas.

 

 

 

4 CONSIDERACIONES FINALES

Un acontecimiento de la magnitud de la operación manos limpias consigue evidentemente admiradores pero también críticos.

Sin embargo, es innegable que constituyó una de las más exitosas cruzadas judiciales contra la corrupción política y administrativa. Esta había transformado Italia, para utilizar una expresión utilizada por Antonio Di Pietro, en una democracia venduta (“democracia vendida”)15.

La operación manos limpias incluso sirvió para interrumpir la curva ascendiente de la corrupción y de sus costos. Giuseppe Turani, periodista financiero italiano, estimó que en la década de 1980-1990, la corrupción habría costado a Italia un billón de dólares16. Sobreestimados o no esos números, hay registro de que los costos de obras en Italia serían más elevados en comparación con los de otros países: en cuanto a contratos públicos en Milán en los que las investigaciones judiciales habrían determinado la cantidad pagada en soborno, se observó que la línea del metro en Milán habría costado un billón (de liras) por kilómetro y llevaría 12 años para estar completa; en Zurich, 50 mil millones y siete años. El Teatro Piccolo costó 75 mil millones y debe estar listo en nueve años; en Gran Bretaña, el nuevo teatro de Leeds costó 28 mil millones y se construyó en dos años y tres meses. La restructuración del estadio de San Siro Costó 140 mil millones, el estadio olímpico de Barcelona 45 mil millones. La línea número tres de ferrocarril metropolitano de Milán costó 129 mil millones por kilómetro; la línea subterránea de Hamburgo costó 45 mil millones17.

Hay aún registro de que después de la operación manos limpias, varios contratos públicos habrían sido concedidos con precios 50% menores que en años anteriores18.

La acción judicial aislada tiene como efecto apenas incrementar los riesgos de la corrupción, evidenciando las consecuencias en dado caso de que sea descubierta. Una acción judicial bastante eficaz, como fue el caso, puede como máximo interrumpir ciclos crecientes de corrupción.

No obstante, no es creíble que sólo por la acción de la justicia se pueda eliminar la corrupción, especialmente si no se ataca sus causas estructurales. En el caso italiano: la influencia del crimen organizado, el clientelismo, la lentitud exasperante, retrasos injustificados, la complejidad de la normativa y el proceso pantanoso – en otras palabras, los componentes de ineficiencia estructural de la actividad pública, siguen estando presentes. Se requieren reformas más profundas para prevenir, después que pase la tempestad, que el mercado de la corrupción se expanda nuevamente19.

Inclusive, no deja de ser un símbolo de las limitaciones de la operación manos limpias el escenario actual de la política italiana, con el cargo de primer-ministro siendo ocupado por Silvio Berlusconi. Este, gran empresario de los medios de comunicación local, ingresó en la política gracias al vacío de liderazgos provocado por la acción judicial y mediante la constitución de un nuevo partido político, la Forza Italia. No obstante, el propio Berlusconi figura desde 1994 entre los investigados por los fiscales milaneses por sospecha de corrupción de agentes fiscales. Además, era amigo próximo de Craxi (este fue padrino del segundo matrimonio de Berlusconi). Teniendo o no Berlusconi alguna responsabilidad penal, no deja de ser una paradoja que él haya alcanzado dicha posición en Italia inclusive después de la operación manos limpias.

 

Tal vez la lección más importante de todo el episodio sea el que la acción judicial contra la corrupción solo se muestra eficaz con el apoyo de la democracia. Es ésta la que define los límites y las posibilidades de la acción judicial. Mientras cuente con el apoyo de la opinión pública, tiene condiciones de avanzar y presentar buenos resultados. Si eso no ocurre, difícilmente tendría éxito. Por cierto, la opinión pública favorable también exige que la acción judicial tenga buenos resultados. Solamente investigaciones y acciones exitosas pueden obtenerla. De allí también, el riesgo de la divulgación prematura de información sobre investigaciones criminales. En caso de que las sospechas no sean confirmadas, la credibilidad del órgano judicial puede ser dañada.

Además, la acción judicial no puede sustituir a la democracia en el combate a la corrupción. Es la opinión pública esclarecida la que puede, por los medios institucionales propios, atacar las causas, estructurales de la corrupción. Además, el castigo judicial de agentes públicos corruptos es siempre difícil, si no por otros motivos, entonces, por la carga de la prueba exigida para alcanzar la condena en un proceso penal. En esa perspectiva, la opinión pública puede constituir un saludable sustituto, teniendo condiciones mejores para imponer alguna especie de castigo a agentes públicos corruptos, condenándolos al ostracismo.

De todos modos, es imposible no reconocer el brillo, con sus limitaciones, de la operación manos limpias, no habiendo registro de algo similar en otros países, incluso en Brasil.

En Brasil, se encuentran presentes varias de las condiciones institucionales necesarias para la realización de una acción judicial semejante. Así como en Italia, la clase política no goza de gran prestigio ante la población, siendo grande la frustración por las promesas no cumplidas después de la restauración democrática. Por otro lado, la magistratura y el Ministerio Público brasileños gozan de significativa independencia formal ante el poder político. Los jueces y los procuradores de la República ingresan en la carrera mediante concurso público, son vitalicios y no pueden ser removidos del cargo contra su voluntad. El punto negativo es el acceso a los órganos superiores más dependiente de factores políticos. Punto también negativo merece la concesión, por ley, de la inmunidad concedida a determinadas autoridades públicas, como legisladores y ministros, con el pretexto de protegerlos durante el ejercicio del cargo. El pretexto no parece coherente con las modificaciones derivadas de la polémica Ley No. 10.628/2002, que amplió el privilegio para un periodo posterior al ejercicio del cargo.

De todas maneras, el principal problema parece ser todavía un asunto de mentalidad en una práctica judicial poco rigurosa contra la corrupción, práctica que permite tratar con mayor rigor a un pequeño traficante de drogas (por ejemplo, las llamadas “mulas”) que alguien acusado de delitos de cuello blanco, incluyendo a alguien acusado de daño patrimonial millonario a la sociedad. La presunción de inocencia, invocada generalmente como objeción a la prisión preventiva, no es absoluta, constituyendo solo un instrumento pragmático destinado a impedir el encarcelamiento de inocentes. Vencida la carga de la prueba necesaria para la demostración de la culpabilidad, con todo rigor de la evaluación, no debería existir obstáculo moral para el decreto de la prisión, especialmente en casos de gran magnitud y en los cuales no haya habido devolución del dinero público, máxime en un país de recursos escasos.

Más grave todavía, en Brasil también se hizo una excepción a la prisión post sentencia pues se exige para ella, por vía jurisdiccional, los mismos presupuestos que se exigen por la prisión preventiva. Así, la regla se transformó en apelación en libertad. Tal cnstrucción representa un exceso liberal con una dosis de ingenuidad. Es previsible que aquél ya condenado a sentencias largas sea tentado a eludir el cumplimiento de la ley penal, especialmente cuando, como en Brasil, no se exige su presencia en el juicio (excepto en los procesos sometidos a jurado). Juegos semánticos, no hay como equiparar la situación procesual del acusado antes del juicio con aquella después de la sentencia, aunque ésta no sea definitiva.

La legislación federal norte-americana, que todavía es un paradigma liberal democrático a pesar de los recientes abusos en la guerra contra el terrorismo, traza por ejemplo de manera muy clara, la diferencia entre la situación procesal del acusado antes y después de la sentencia condenatoria, aunque ésta no sea definitiva. En efecto, la cárcel antes del juicio exige la demostración de que ninguna combinación de condiciones irá razonablemente a poner en riesgo la presencia del acusado en el juicio o amenazar la seguridad de otra persona o de la comunidad (Título 18, Parte II, Capítulo 207, Sección 3142, del US Code Collection). Aquí la carga de la prueba se impone en favor del acusado. Ya después del juicio y aunque esté pendiente la apelación, la cárcel debe ser ordenada excepto en el caso de que haya clara y convincente evidencia de que la persona no se fugará o colocará en peligro la seguridad de otra persona o de la comunidad. Aquí la carga de la prueba se impone contra el acusado. Además, según evaluación de la autoridad judicial, la apelación no debe tener objetivo meramente postergatorio y debe levantar una cuestión sustancial de derecho o de hecho que pueda resultar en absolución, nuevo juicio o en sentencia que no incluya cárcel (Título 18, Parte II, Capítulo 207, Sección 31434, del US Code Collection).

Tómese en cuenta que el enfoque excesivamente liberal brasileño no es un resultado necesario del principio de la presunción de inocencia previsto en la fracción LVII del artículo 5to de la Constitución Federal, pues éste comporta varias alternativas de interpretación.

En Brasil (así como de cierta forma en la mayoría de los otros países) y con raras, pero – admítase – crecientes excepciones, la eficacia del sistema judicial contra los crímenes de “cuello blanco”, entre los cuales el de la corrupción, deja mucho a desear20. El hecho no se escabulle a la percepción popular, siendo uno de los motivadores de las propuestas de Reforma del Poder Judicial (cuya eficacia, sin embargo, para revertir el panorama es, por lo menos, dudosa).

La gravedad de la constatación es que la corrupción tienda a esparcirse mientras no encuentre obstáculos eficientes. El político corrupto, por ejemplo, tiene muchas ventajas competitivas en el mercado político en relación al honesto, por poder contar con recursos que este no tiene. De la misma manera, un ambiente viciado tiende a reducir los costos morales de la corrupción, una vez que el corrupto acostumbra a considerar su conducta como un patrón y no una excepción.

Lo más grave aún, es que la corrupción esparcida no coloca en jaque únicamente la legitimidad del régimen democrático (lo que, por si solo, ya es muy grave), pero también la del sistema judicial. Repitiendo una última vez las palabras de Porta y Vannucci: “de hecho, los escándalos políticos no cuestionan únicamente la legitimidad de la clase política; también tienen un impacto en la legitimidad de aquellos encargados de investigarlos: los jueces. En algunos casos, de hecho, el descubrimiento de ilegalidad diseminada provoca críticas al sistema judicial en el sentido de que este estaría siendo inadecuado para combatir la corrupción 21.

De allí, el valor con sus errores y aciertos, del ejemplo representado por la operación manos limpias.

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