¿Habrá operación Manos limpias en México?

08 de Enero de 2018

El pasado 20 de diciembre, The New York Times publicó un largo artículo sobre el reciente caso de los exfuncionarios del gobierno de César Duarte sentenciados por un caso de desvío de fondos públicos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, PRI, caso presentado por la fiscalía chihuahuense.

A seis meses de las elecciones federales, este caso puede ser lo mejor o lo peor que le pudiera pasar a nuestro sistema electoral. Si la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, no investiga las serias acusaciones formuladas por funcionarios como Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación, sentenciado a cuatro años de prisión, la confianza en el sistema electoral puede evaporarse y llevar a serias confrontaciones. Si, por el contrario, la Fepade exige participar como tercero interesado, tendrá acceso a la documentación a la que se refiere, sin especificar, el diario neoyorquino. No sólo eso, una investigación sería sobre las acusaciones en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, puede por fin romper el pacto de silencio del binomio de quien ofrece y quien acepta y darle energía desconocida a la lucha contra la corrupción. Tal y como sucedió en Italia en 1992 y en Brasil en 2014.

En 1992, un funcionario menor del Partido Socialista, PSI, en Milán, Mario Chiesa, fue detenido con ocho mil dólares en efectivo que había exigido a una compañía de limpieza como requisito para que el ayuntamiento milanés le otorgara un contrato. El pequeño empresario víctima, harto de la acostumbrada extorsión, hizo la denuncia. Chiesa, vinculado al Partido Socialista y al entonces primer ministro, Bettino Craxi, meses después de estar en prisión y abandonado por los dirigentes socialistas, llegó a un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público. La información obtenida inició la mayor iniciativa anticorrupción de que se tenga memoria: Operación Manos Limpias que en abril del año pasado celebró 25 años. Esta operación puso al descubierto un modus operandi nacional de financiamiento irregular de los principales partidos políticos a través del cobro de comisiones ilegales para otorgar contratos o de vinculación con la mafia.

Los números de Operación Manos Limpias son impresionantes: cayeron en prisión o fueron investigados 438 legisladores, cuatro de ellos exprimeros ministros, 872 empresarios, 1978 funcionarios locales, dos mil 993 órdenes de prisión, más de seis mil personas investigadas. Durante el proceso, hubo varios intentos por legalizar el financiamiento irregular a los partidos y de amnistiar a los corruptos, intento que fue evitado por la vigorosa reacción de la opinión pública.

Sérgio Moro, el joven, pero legendario juzgador principal de los acusados en la Operación Lava Jato, la versión brasileña de la Operación Manos Limpias, escribió un ensayo en 2004 (la versión en español está en https://ceciliasotog.com/2018/01/10/la-operacion-manos-limpias/) en el que describía como círculo virtuoso tres pasos que explicarían el éxito de Operación Manos Limpias: prisión/confesión/publicidad. Primero, casos bien armados que maximizaran las razones para la prisión preventiva de sospechosos de corrupción. Segundo, incentivar confesiones que prometieran disminuir las penas siempre y cuando se aporten pruebas de los dichos y, mejor aún, si el Ministerio Público cuenta con fuentes independientes. Y tercero, información a la opinión pública sin cuyo apoyo el éxito era incierto. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin un Poder Judicial independiente, involucrado con las causas cercanas a la sociedad. Moro señala el inicio de la transformación del Poder Judicial en Italia con la reforma del Consejo Superior de la Magistratura en 1958 como un órgano de autogobierno.

Diez años después, el juez Moro siguió al pie de la letra los pasos mencionados al descubrirse el esquema de corrupción masiva en torno a contratos de Petrobras, contratos de grandes obras públicas y financiamiento ilegal de campañas
políticas, que dio lugar a la Operación Lava Jato. Prisión preventiva, sentencias máximas que incentiven la confesión o “delación premiada” negociada bajo condiciones rigurosas y, hay que decirlo, polémicas filtraciones a la prensa. Al igual que en Italia, los legisladores brasileños intentaron aprobar una amnistía que fue impedida por la opinión pública y la Corte Suprema.

No sabemos si los hechos denunciados por la fiscalía de Chihuahua, llevarán a operaciones de tanta envergadura como las citadas. Pero aun si no fuera así, restablecer la confianza del electorado en la limpieza del financiamiento a los partidos y en la firmeza de la lucha contra la corrupción, cambiaría el ánimo nacional, hoy polarizado y escéptico. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y en fb.com/ceciliasotomx y un buen 2018 para todas y todos mis queridos lectores.