Dos debates y sus debatientes: Meade y Mancera

16 de Octubre de 2017

En años recientes ha habido dos debates de gran trascendencia: el de la necesidad de aumentar el salario mínimo de manera sustancial y el de la medición de la pobreza. La manera en cómo se desarrollaron y sus resultados son también un retrato de sus protagonistas. El primero fue encabezado por el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el segundo por el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El primero fue muy público porque era la única manera de ganarlo. El segundo no lo fue tanto porque se desarrolló en los bordes del actual gobierno.

El jefe de Gobierno inició la campaña por el aumento del salario mínimo hace aproximadamente tres años. Al hacerlo cuestionaba una política que en la superficie había tenido éxito: estabilidad laboral, escasas huelgas y una importante corriente de inversiones que llegaba a México, entre otras razones, por la “ventaja competitiva” de salarios muy bajos, aun los industriales. Así, la contención y erosión del salario mínimo era parte del DNA de la filosofía del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda: útil para mantener a raya la inflación, pero, sobre todo, para atraer inversiones. La Secretaría del Trabajo simplemente obedecía.

La resistencia a modificar la política de contención de los salarios se sostenía en el mito genial de que prácticamente ya no había trabajadores que lo recibieran, “si acaso son 300 mil”, decían. Así que había que hacer una radiografía del mundo del trabajo demostrando los verdaderos números y el “efecto faro inverso” que afectaba (y afecta) a siete millones de trabajadores, es decir, cómo la política de no aumento real al salario mínimo jalaba para abajo al resto de los salarios. El argumento “racional” de que primero los aumentos en la productividad y luego la mejora salarial, para que no se generara inflación, fue hecho pedazos al demostrar que mientras que la productividad laboral había aumentado sostenidamente, el salario mínimo había perdido 70% de su poder adquisitivo en las últimas tres décadas.

Mancera y un equipo, encabezado por su secretario Salomón Chertorivski, su subsecretario Ricardo Becerra, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y el secretario de Finanzas, Édgar Amador, no ahorraron esfuerzos e iniciativas para debatir con rigor. En vez de descalificaciones tipo “mafia en el poder”, presentaron números, estadísticas, experiencias internacionales, estudios, ensayos, cabildearon entre los formadores de opinión, entre los legisladores, agencias internacionales como la CEPAL y la ONU, los sindicatos, el empresariado. No cejaron hasta lograr un consenso a favor de la desindexación del salario mínimo y lograr la reforma constitucional que desvinculaba al salario mínimo de más de dos mil conceptos y grilletes que nada tenían que ver con el bienestar de los trabajadores. Para cambiar la ley, cambiaron la referencia conceptual del debate. De una experiencia y diagnóstico en la Ciudad de México partieron para cambiar al país entero.

Un ejemplo contrastante es el del debate respecto a la medición de la pobreza. Dado que se trata de uno dentro del propio gobierno o con instituciones autónomas muy prestigiadas, como el Inegi y el Coneval, poco se supo públicamente, pero sufrimos las consecuencias.

Cuando fue secretario de la Sedesol, José Antonio Meade expresó dudas respecto a la forma en cómo se mide la pobreza. Sus dudas son respetables. Después de tres décadas de ensayo y error, y de miles de millones invertidos, parece que nos topamos con una realidad terca y aparentemente incambiable. Personalmente creo que la política pública de transferencias condicionadas no es una de combate a la pobreza sino de defensa, preservación y desarrollo de capacidades físicas y sociales entre la población afectada más vulnerable. Pero al mismo tiempo se mantiene, mediante la estrategia de contención y deterioro de los salarios, una política de fomento a la pobreza. Imposible que salgan bien los números.

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En vez de optar por una reflexión al interior del gobierno o pública sobre este tema fundamental, el secretario optó por intervenir en el Inegi, pues a la distancia queda claro que el cambio, no consensado con el Coneval, en la metodología para recabar información por parte del Inegi, insistiendo por parte de los encuestadores en ingresos que pudieron no haberse declarado, refleja las dudas del secretario Meade. Ya como secretario de Hacienda, no contento con el desprestigio y desgaste en el que incurrió el Inegi, el secretario Meade se empeñó en la candidatura de Paloma Merodio a la vicepresidencia vacante en el Inegi, a pesar de que, como se ha demostrado por tirios y troyanos, Merodio no cumplía ni cumple con los requisitos formales que se exigen para ese puesto. En vez de cambiar la ley por medio de procedimientos democráticos y de genuino debate, como en el caso del salario mínimo, Meade optó por el travestismo, la violación a la ley, las presiones a los legisladores y la complicidad con el jurídico de Presidencia, que maquilló desvergonzadamente el currículo de la maestra Merodio. Logró lo que quiso, pero debilitó a una de las instituciones más valiosas, el Inegi; pero, sobre todo, demostró que sus valores y sus modos no son muy diferentes de los del caduco sistema del PRI. Hay mejores opciones. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

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