Brasil, ¿primera elección sin Lula?

17 de Julio de 2017

Es común que en emprendimientos inmobiliarios, como estrategia para no descapitalizarse, las compañías constructoras paguen con departamentos. Por ejemplo, si el terreno fue comprado o se tienen fuertes deudas con proveedores, se paga una parte en efectivo y se completa con uno o más departamentos o locales comerciales.

En México se practica muy frecuentemente esta opción perfectamente legal y se utiliza también otra modalidad menos transparente y francamente ilegal: se pagan favores políticos, licencias, permisos, etc., con departamentos. Ésta es la acusación que le valió una sentencia de 9.6 años de prisión al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: presuntamente estar en posesión de un departamento en la playa otorgado por la constructora OAS, a cambio de favorecerla en licitaciones u otorgamiento de contratos. Lula enfrenta otros cuatro juicios relacionados con la famosa Operación Lava Jato, (Operación Auto Lavado) contra la corrupción en el sistema político brasileño.

Apenas en 2010, precisamente durante el mandato de Lula y como resultado de una iniciativa popular organizada por el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, que reunió 1.6 millones de firmas, se aprobó la Ley Ficha Limpia, que prohíbe que sean candidatos personas que hayan perdido un mandato anterior por juicio político, que hayan renunciado a sus cargos para evitar un juicio político o que hayan sido condenadas en segunda instancia por un tribunal colegiado, aún cuando tengan posibilidades de recurrir a la Corte Suprema. Antes de estas disposiciones, Fernando Collor de Mello, que renunció a la Presidencia en 1992 para evitar juicio político por  corrupción, pudo elegirse posteriormente como senador en 2006.

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Si la sentencia al expresidente fuera confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado, resultaría inelegible para las elecciones de 2018. Ésa sería la primera ocasión desde 1989, la primera elección presidencial directa después de la aprobación de la Constitución de 1988, que Lula no participaría como candidato presidencial o apoyando abiertamente a su heredera. Lula fue candidato en 1989, 1994, 1998, 2002 (cuando ganó) y 2006 (cuando se reeligió). En 2010 y 2014, Dilma Rousseff ganó gracias a la popularidad de su mentor, Lula da Silva. A raíz de que las investigaciones de Lava Jato llegaron a la Presidencia de la República y afectan a Michel Temer, la popularidad del expresidente Lula ha aumentado y encabeza actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2018 con un 30 por ciento para el primer turno, aproximadamente el techo del voto duro que favorece al Partido dos Trabalhadores, PT.

Se estima que será hasta agosto de 2018 que el Tribunal Colegiado confirme o rechace la sentencia. Para entonces el expresidente habría desarrollado por lo menos 6 meses de campaña y el costo político de sacarlo de la carrera presidencial sería extremadamente alto. Aunque varios juristas han descrito la sentencia elaborada por el juez Sergio Moro, como muy sólida y bien elaborada, ésta tiene buenas dosis de interpretación porque no hay pruebas materiales concluyentes de que el expresidente fuera el dueño formal del apartamento ni de que los beneficios que recibiera la constructora OAS por parte del gobierno del PT fueran resultado directo de estos favores. De tal manera que la sentencia incide en una mayor polarización política en Brasil: confirma los peores temores tanto de quienes consideran que se busca impedir a toda costa la candidatura de Lula y de quienes consideran que el PT encabezó el esquema para saquear a Petrobras y a otras compañías estatales para beneficio del PT y sus aliados.

Resolver la decisión del Tribunal Colegiado hasta bien entrada la campaña es el peor de los escenarios para la política en Brasil, especialmente, porque la incertidumbre de una sexta candidatura de Lula, pospone la necesidad de una transformación en los partidos políticos y en el sistema electoral brasileño. Aunque Lula encabeza todas las encuestas para el primer turno, no tendría un segundo turno fácil, especialmente, frente a figuras como la exministra de Medio Ambiente, Marina Silva y el exmagistrado de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, responsable por el antecedente de Lava Jato, el juicio del Mensalão, apoyados por el nuevo partido, Rede Solidária, ajeno a la actual serie de escándalos.

En Brasil el sistema político se ha colapsado hasta amenazar la viabilidad del actual arreglo constitucional. La causa ha sido la permisividad a la corrupción. Aprendamos la lección y apoyemos en México la institucionalización del Sistema Nacional Anticorrupción, resultado de una alianza singular entre la sociedad civil y el Congreso de la Unión. Retrasar o sabotear el SNA sólo hará más profunda la desconfianza de la población hacia la política y como los muestran los casos de Venezuela o de Perú con Fujimori, nada bueno resulta de la erosión del poder legislativo o de los partidos. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx.

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