13 de Noviembre de 2017
¿Qué pensaría usted de un gobierno que año con año disminuye los recursos destinados a salud, cuando 73% de su población sufre de obesidad y/o sobrepeso? ¿O que encamina a las principales ciudades del país a un colapso de su infraestructura hidráulica al disminuir en el último trienio 70% la inversión necesaria para recuperar y renovar las redes urbanas? ¿Un gobierno que reduce en 500 millones el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando sin el concurso de los expertos en sismología e ingeniería los sismos de septiembre hubieran tenido consecuencias más devastadoras?
¿Un gobierno que se ufana de triplicar la superficie de áreas protegidas, pero le otorga a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas menos del presupuesto de 2015?
Más importante: ¿qué pensaría de un gobierno federal al que los sismos del 7 y 19 de septiembre sorprenden con fondos magros para la reconstrucción y auxilio de la población y aún así no implementa mecanismos para corregir esta indefensión?
Mientras que diversas disposiciones legales prevén la acumulación de recursos para enfrentar crisis financieras y, sobre todo, el cumplimiento del pago de la deuda, no hay herramientas comparables para la formación de fondos que permitan encarar grandes eventos naturales con consecuencias catastróficas para los ciudadanos, la infraestructura urbana y los servicios. El caso ejemplar es el de los remanentes del Banco de México que, cuando los hay, se entregan a la Secretaría de Hacienda y deben destinarse en 70% al pago de la deuda. En la mente de quien prioriza así el cumplimiento de las obligaciones financieras está la espada de Damocles de las calificadoras de deuda y se les olvida que una catástrofe para la que el Estado no tiene una respuesta adecuada ni previsiones suficientes también debilita la posición del país internacionalmente y prepara el terreno para un aumento del descontento social.
La solución que se encontró para paliar los efectos de los sismos en el #Presupuesto2018 está de cabeza: aumenta en 18 mil millones de pesos los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y dispone escasos dos mil 500 millones para el Fondo de Reconstrucción que ya existe y está clasificado por Hacienda como deuda; el Fonden ya ha probado lo inadecuado de su instrumentación por exceso de trámites y exigencia de fondos 1 a 1 de las entidades federativas afectadas, que frecuentemente carecen de estos. Por otra parte, el Fonden está dirigido a la población de muy escasos recursos, como si los sismos e inundaciones tuvieran un gusto clasista por los sectores D y E.
Aunque hay una vaga promesa por parte de Hacienda de cambiar las reglas de operación del Fonden, hubiera sido mejor contar con un fondo nuevo de 18 mil millones de pesos, parte de los cuales pudieran utilizarse como garantía para potenciar esos recursos, pero que en su mayoría no significaran endeudamiento y aumentar en dos mil 500 millones el Fonden.
Como quedó el #Presupuesto2018 todos los recursos federales destinados para la reconstrucción, con la excepción de los provenientes de los seguros y bonos catastróficos y del Fonden, son deuda blanda o dura, pero al fin y al cabo deuda. Esto obligará a las entidades federativas a solicitar autorización a sus Congresos para endeudarse o aumentar su techo de endeudamiento y enfrentar las rigideces de la Ley de Disciplina Financiera. Y obtener los recursos del Fonden es una pesadilla burocrática que, además, exige de las entidades federativas contar con recursos para poder acceder a los fondos en un esquema de 1 a 1.
Para la CDMX, el Congreso federal ya autorizó un aumento de su límite de endeudamiento en mil millones de pesos, pero contar con sólo recursos adicionales en forma de deuda limita sus posibilidades de auxilio a la población. La solución tampoco provendrá del Fondo de Capitalidad que quedó con los mismos recursos —dos mil 500 millones— que en 2017, que prácticamente estaban gastados en 95% antes de los sismos. Es decir, la CDMX obtuvo el mismo Fondo de Capitalidad calculado para un año sin sismos, pero ahora con la “libertad” de también gastarlo para reconstrucción. El #Presupuesto2018 es mezquino con la Ciudad de México, con las entidades afectadas por los sismos y, sobre todo, con los ciudadanos que han perdido su vivienda y su patrimonio.
Falta un mecanismo que permita, año con año, acumular recursos tanto para la prevención como para la remediación y reconstrucción en caso de catástrofes y, de parte de la población, una cultura del aseguramiento. Y nos vemos en Twitter @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotog
CASI TODO 