Pactos y reglas para no politizar la reconstrucción

30 de Octubre de 2017

Vamos a considerar las propuestas para eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos como una particular manifestación de histeria causada por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Incluyo aquí como manifestación extrema de esa patología la propuesta del PRI, de regresar nuestro arreglo electoral al estatus que tenía antes de 1977, sin legisladores plurinominales. Son erradas también las propuestas de dirigentes del Frente Ciudadano por México, de eliminar totalmente el financiamiento público. Aclaro que soy entusiasta del Frente, pero si alguien decide tirarse de lo alto de un edificio, procuro no acompañarlo.

Lo que sí es real es el problema de fondo. Ante los inmensos daños causados por inundaciones y sismos que sacudieron al país desde finales de agosto hasta el 19 de septiembre, el Estado se encuentra impreparado, incapaz de proteger a cabalidad a sus ciudadanos por la falta de recursos financieros suficientes para resolver una emergencia cuya reparación y recuperación rondará en los 50 mil millones de pesos. Un Fondo de Desastres Naturales, Fonden, minúsculo, un nanoFondo para Prevención, fondos estatales inexistentes en la mayoría de las 10 entidades federativas afectadas, con excepción del Fonaden de la Ciudad de México. Los seguros internacionales activados por el gobierno federal y por la CDMX, la posible devolución de una parte del financiamiento a los partidos, así como las aportaciones privadas ayudarán significativamente, pero la dimensión de los costos de la reconstrucción es mucho mayor. Por ello, la mayoría de los partidos políticos —con la excepción de Morena— aprobamos en las cámaras de Diputados y Senadores, cambios en la Ley de Ingresos que pudieran aportar 43 mil millones de pesos para los esfuerzos de reconstrucción de las 10 entidades más afectadas. Es más realista considerar unos 10 mil millones menos, pues al considerar un peso más barato, se eleva el pago a la deuda en dólares, la importación de gasolina, el pago de primas de seguros, etc., que probablemente no compensen los ingresos por un mejor precio del petróleo.

Con todo, estos 33 mil millones pueden y deben ser el corazón de un nuevo Fondo de Reconstrucción, una especie de Fondo de Fondos, para reparar infraestructura y, sobre todo, para recuperar vivienda de todos los afectados por los fenómenos naturales. Ya se han planteado diversas propuestas para la formación de un Fondo Único, al que se sumen recursos privados, cuya administración incluya de forma prominente a especialistas de la academia y sociedad civil en transparencia. Enumero algunos de los compromisos indispensables que los partidos políticos en la Cámara de Diputados debemos adoptar para la buena administración de estos recursos.

1.- El compromiso de todos los partidos políticos de aislar y separar la formación de este fondo y, sobre todo, las asignaciones de recursos y ejecución de proyectos, del proceso electoral de 2018. Este compromiso debe incluir que quienes administren el fondo no tengan la menor sombra de cuota partidaria y que se exija la transparencia en todos los tramos de asignación de recursos, incluyendo de forma prominente lo local.

2.- El diseño del fondo debe seguir al pie de la letra lo mandatado por el artículo 1ro. Constitucional que dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Ninguna región geográfica puede ser discriminada por sus datos demográficos o de ingresos.

En este sentido, el artículo 19 de las Reglas de Operación del Fonden es discriminatorio al plantear que: “Para la mitigación de daños sobre activos privados productivos y viviendas se apoyará sólo a la población damnificada de bajos ingresos que no pueda acceder a seguros públicos o privados”. Esta regla discrimina por su condición social a propietarios de vivienda de la Ciudad de México, de Juchitán, donde se destruyeron 80% de las viviendas, incluyendo a todas “las condiciones sociales”, o de cualquier otra parte de las entidades afectadas. Es importante acordar el cambio de esta regla, antes de que lleguen los primeros amparos.

3. Rendición escrupulosa mensual y pública de los montos, destino y uso de los recursos de este Fondo.

4. Participación amplia y representativa de los afectados, que deben ser informados y consultados sobre los nuevos paradigmas de la inclusión urbana: que ésta incluya el “diseño universal” para hacerla accesible a personas con discapacidad o adultos mayores y una creciente “economía de cuidados”, que sea compatible con el combate al cambio climático y la sostenibilidad así como con diseños antisísmicos y de manejo sostenible del agua.

Esto apenas para empezar. Y nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb/ceciliasotomx.