23 de Octubre de 2017
Como bien lo recordara José Woldenberg en un artículo reciente, el artículo 105 Constitucional dice que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
El proceso electoral de 2018 inició el pasado 8 de septiembre, así que toda propuesta de “modificación legal fundamental” de nuestro arreglo electoral debería haberse presentado bien antes del 10 de junio. Y, sin embargo, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 24 de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que alteraría constituciones y leyes federales y locales en materia electoral, eliminando el financiamiento público a los partidos políticos y las figuras de diputados y senadores plurinominales.
No hay nada interesante en el proceso de dictaminación de esa iniciativa: la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara sólo tiene que utilizar el sello que dice “Desechada por Notoriamente Improcedente”, citando el mencionado artículo. Lo interesante viene al intentar comprender cómo un grupo parlamentario encabezado por un buen abogado constitucionalista acepta hacer ese ridículo mayúsculo. Mi hipótesis tiene que ver con el sismo, pero no con el del 19 de septiembre, sino con el del 14 de octubre de 1987, exactamente hace 30 años. El PRI padece del Síndrome de Estrés Postraumático.
En esa fecha, un partido pequeño, con la bien ganada fama de ser satélite del PRI, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM nominó como su candidato a la Presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, formalizando la salida de cientos y miles de militantes de la Corriente Democrática del PRI y dando inicio a la formación en los hechos de un frente multipartidario que acabaría por ganar la Presidencia si no fuera por el fraude masivo orquestado por personajes como Manuel Bartlett. Para cualquier analista cartesiano aquella coalición, que en enero de 1988 adoptó el nombre de Frente Democrático Nacional, difícilmente podía representar una amenaza seria para el PRI. Tres partidos pequeños, el PARM, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (antiguo PST) y el Partido Popular Socialista tuvimos al mismo candidato presidencial. El PMS no dio el paso definitivo, sino hasta un mes antes de las elecciones, cuando declinó el ingeniero Heberto Castillo, cuyo nombre apareció en las boletas, lo mismo que el de Rosario Ibarra de Piedra, del PRT, que nunca declinó.
La experiencia del Frente dejó lecciones para ambos lados del espectro político: el PRI, por ejemplo, ha ganado elecciones locales y federales gracias a sus alianzas, como recientemente en el Estado de México. En el 88, el Frente perdió numerosos distritos por haber cedido a las ambiciones de los partidos y no presentar candidaturas comunes. Para propiciar un verdadero cambio de régimen, por ejemplo, uno en el que no haya sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso, se requieren candidaturas comunes de los partidos que integran el Frente y el compromiso formal de legislar en favor de una plataforma pactada.
La propuesta del Frente Ciudadano por México se beneficia de esas lecciones más una nueva: reconocer que el protagonismo en iniciativas para modificar la vida política del país ya no gravita sólo en los partidos políticos. La sociedad civil, con sus especialistas académicos, organizaciones no gubernamentales y activistas, ha sido origen de numerosas iniciativas fundamentales, como las que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción y los partidos políticos han sido el vehículo para formalizarlas en las leyes con mayor o menor eficiencia.
Por tanto, para acordar un Programa común, el Frente Ciudadano por México acaba de iniciar una serie de audiencias, foros, plataformas digitales, etc., para escuchar propuestas. Y más importante, el Frente debatirá cómo incluir a los ciudadanos sin partido pero interesados en participar políticamente en las candidaturas al Congreso federal, congresos estatales y presidencias municipales. Esa experiencia ya se vivió con éxito en la integración de las listas a integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que los partidos, por ejemplo el PRD, incluyó en sus listas a varios ciudadanos.
¿Qué porcentaje de candidaturas deberían ser ciudadanas? ¿Debe decidirse por un porcentaje fijo, por ejemplo 50 % de candidaturas en diputaciones, o debe convocarse primero a ciudadanos interesados? De la misma manera, en vez de representar un problema, el proceso para llegar a una candidatura presidencial potente y efectiva puede ser un factor definitivo para atraer al votante, que detesta el dedazo y los procesos cupulares. Debatir, reflexionar, probar los reflejos y la profundidad de un potencial candidato en numerosos debates y foros, fortalecerá al Frente.
Los espero con sus propuestas en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotog.
CASI TODO 