Si tenemos la suerte y la buenaventura de llegar al número de años que pronostica la esperanza de vida promedio calculada por Inegi, unos 75 años, quiere decir que quienes habitamos en las zonas sísmicas pasaremos con seguridad por la experiencia de, al menos, dos grandes sismos (yo ya excedí mi cuota).
México es un país cuyo régimen de lluvias sólo llega por tormentas, huracanes y ciclones que inundan un año sí y el otro también algún tramo de nuestros 11 mil kilómetros de costas y para el cual el cambio climático no es una profecía, sino una realidad diaria. Si la incidencia de los fenómenos naturales con efectos potenciales catastróficos es segura ¿por qué no contamos cada uno de los mexicanos con un seguro que proteja nuestro patrimonio, que suavice el impacto en las finanzas publicas de los gastos de reconstrucción, que disperse el riesgo entre muchos y permita así el financiamiento apropiado de los costos de reparación, reconstrucción y/o sustitución de viviendas?
Con la numerosa información publicada a partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre, supimos que no hay en el mundo una región tan poblada como la de la Ciudad de México asentada en una zona de suelo húmedo que amplifica y magnifica la potencia de las ondas sísmicas. Que la pregunta no es si habrá nuevos grandes sismos, sino cuándo llegarán. Que a cada nuevo evento la naturaleza nos sorprende y nos demuestra que los retos de la prevención son mayores de lo que suponíamos. Y sin embargo la proporción de hogares asegurados contra sismos e inundaciones no pasa del 1 por ciento.
El Gobierno de la Ciudad de México creó en 2015 un fondo para la atención de desastres, es la única entidad que cuenta con recursos propios para atender de inmediato una emergencia, antes que se activen los protocolos para acceder a recursos del Fonden. Es una gran iniciativa. Pero, además de ser insuficiente para cubrir los costos de desastres realmente catastróficos, conceptualmente este fondo concentra en las finanzas de la capital el riesgo de fenómenos complejos en los que participan actores públicos y privados.
Es por ello que propongo la alternativa de un seguro obligatorio para todos los propietarios de vivienda, principalmente urbana, con cargo al pago del impuesto predial. Aunque creo que debería tratarse de una disposición nacional, es decir, una propuesta de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, pensarla para la Ciudad de México, puede ayudar a su conceptualización. La CDMX recaudó el año pasado poco menos de 14 mil millones de pesos por impuesto predial, aproximadamente el 27 % de los impuestos que recauda. Suena mucho pero es poco. Es apenas el 0.5 % del PIB de la capital, cuando la cifra comparativa de otras capitales de países de la OCDE es del 1.1%. Nacionalmente, estamos peor pues el promedio de lo recaudado por el impuesto predial es de apenas el 0.31 % del Producto Interno Bruto.
Es cierto que la recaudación del predial en la CDMX ha mejorado sustancialmente, pero el hecho de que lo recaudado por el impuesto por nóminas sea sustancialmente más alto que el predial indica que hay un potencial no realizado muy alto. Hasta ahora el abordaje para incentivar el pago, además de facilitarlo, han sido los descuentos y los perdones. Muy bien. Pero ¿qué tal si a ese enfoque un tanto paternalista agregamos uno que enriquezca la oferta de lo que garantiza el predial? ¿Si al ciudadano escéptico y renuente a cumplir con el impuesto, se le ofrece por un aumento pequeño un seguro contra sismos que proteja su propiedad? Un seguro con una prima anual módica y un tope medio a la suma asegurada que pueda rebasarse individualmente.
Bajo un esquema de asociación pública privada, la industria aseguradora buscaría reducir su riesgo procurando esquemas que le garanticen un mejor cumplimiento con las normas de construcción por parte de las compañías inmobiliarias. De forma tal, que podríamos matar tres pájaros con un solo tiro: una mejor recaudación del predial, el aseguramiento de un creciente número de viviendas contra riesgos catastróficos con el consecuente aumento de recursos y el incentivo a una mayor vigilancia y exigencia de cumplimiento con las normas de construcción tanto por las constructoras como por los propietarios. Llamo su atención para el exitoso esquema desarrollado de un seguro obligatorio en Turquía, país también de alta sismicidad, que ha elevado el índice de aseguramiento de 2 % durante los grandes terremotos de 1999 a 40 % nacionalmente y 60 % en zonas especialmente vulnerables (Ver Turkish Catastrophic Insurance Pool). Y agrego: que la solidaridad ejemplar de los mexicanos no se quede corta frente a la tragedia de Puerto Rico. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx.
CASI TODO 