Primero el soborno, luego el ajuste

28 de Agosto de 2017

Hay dos modalidades a las que recurren los contratistas corruptos para recuperar la mordida, el soborno o el moche que concedieron para asegurar el contrato. Aun cuando entre las empresas privadas que participan de estas prácticas, la suma de dinero para ganar un contrato se considera una inversión y no una pérdida, de todas maneras se intenta recuperar la suma “invertida”. La modalidad más practicada es la sobrefacturación y la prolongación de la obra.

Por ejemplo, entre los hallazgos del gobierno americano sobre Siemens en México, se encontró que esta empresa alemana pagó US 2.6 millones a funcionarios de Pemex para que se aceptaran los costos de sobrefacturación de la modernización de una refinería. Hay que recordar que la vieja Siemens —la nueva ha repudiado las prácticas de corrupción después de ser puesta en evidencia— tenía un edificio dedicado a la contaduría de los sobornos y la legislación fiscal alemana permitía descontar fiscalmente los sobornos. Más tercermundista, Odebrecht tenía sólo una oficina adjunta a la de su presidente, Marcelo Odebrecht, para las “operaciones estructuradas”. (En mi blog, ceciliasotog.com pueden encontrar el documento completo de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, sobre el caso Siemens).

En el caso del socavón, se utilizó la modalidad combinada de prolongar la obra y sobrefacturar. Se prolongó por 8 meses y costó casi el doble. Pero la herramienta reina utilizada y responsable de la muerte de Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López, fue la baja de calidad de la obra realizada. Mientras que la primer modalidad sólo es reconocida por expertos: integrantes de la Auditoría Superior de la Federación, despachos responsables de auditar la contabilidad de las empresas, especialistas de la Secretaría de Hacienda, etcétera, la segunda, el fraude en la calidad de la obra es con la que se tropieza el ciudadano mexicano desde hace décadas. Ya sea que se altere la calidad del asfalto, se use una varilla con menor resistencia que la especificada o incluso la calidad de los estudios de ingeniería y cálculo sean deficientes, como parece indicar el caso del socavón.

Esta misma modalidad, la de bajar la calidad de la obra a entregar, es lo que los practicantes de los moches en las obras municipales, llaman “ajustes”. Cuando estalló el escándalo de los moches en las Legislaturas LXI y LXII, modalidad practicada, sobre todo, a partir de los recursos del ramo 23 que los legisladores pueden asignar, me pregunté cómo podían cubrir los municipios, el hueco que representaba la mordida dada al legislador para garantizar el recurso.

“Ahí es donde viene el ajuste”, me respondió un conocido que gestionó recursos para ayuntamientos en el norte del país. “Si el legislador es del mismo partido y hay confianza, el dinero saldrá cuando lleguen los recursos vía Hacienda y se ajustan los costos de la obra para que cueste menos y se pueda cubrir el moche”. La compañía constructora cobra oficialmente el precio aprobado en el proyecto, pero en realidad cobra menos porque gasta menos. “Cuando el legislador no es del mismo partido y ni siquiera es conocido, se paga en efectivo para asegurar que el proyecto sea incluido en su cartera de proyectos”. Pregunto: ¿y cómo cubre el ayuntamiento ese costo que ronda entre el 10 % y el 15 % o hasta el 20 %? “Cómo sea, responde, se pide un crédito puente, se ponen recursos familiares, se usan temporalmente recursos de otra partida del presupuesto del ayuntamiento y luego para que cuadre la contabilidad del municipio se hace el ‘ajuste’ con los contratistas”.

El año pasado la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados acordaron nuevas reglas de operación de estos recursos para impedir la corrupción. En particular, Hacienda estableció precios unitarios para los distintos momentos del proceso de construcción, de tal manera que esto no pudiera ser manipulado entre ayuntamiento y compañías contratistas. La nueva ley anticorrupción convierte en sujetos obligados a las compañías privadas que tienen acceso a recursos públicos, como las del Paso Exprés, Aldesa y Epcor, y las que construyen calles, remodelan plazas, etc. Ahora, su contabilidad también podrá ser auditada. La ley 3de3, obligatoria para los legisladores, también puede detectar ingresos inexplicables. Pero soy escéptica: una acción decisiva contra la impunidad, como la remoción del secretario de Comunicaciones, avances en las investigaciones de Odebrecht, sanciones para los responsables del socavón, pueden lograr más que las más intricadas leyes contra la corrupción. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx.