La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una Acción de Inconstitucionalidad por la mención de “ajustes necesarios” al hablar de las características de la Administración Pública de la Ciudad de México. La CNDH interpretó que la Constitución autorizaba a cualquier ciudadano a pedir un ajuste salarial para los servidores públicos. Esa es una tontería.
En la jerga de los expertos en Derechos Humanos, se entiende que “ajustes razonables” se refiere a una herramienta para hacer más fácil la integración de las personas con discapacidad. Personalmente creo que la frase en negritas debió haber seguido a “diseño universal”, otro concepto que se refiere a personas con discapacidad. Seguro que esta corrección se le fue a la Conferencia de Armonización, que debía corregir problemas de redacción, etc.
Aun cuando la frase no está en el mejor lugar, la sola mención del término “ajustes necesarios” debe interpretarse según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No tiene nada que ver con ajustes salariales.
Artículo 33 De la Administración Pública de la Ciudad de México
1.-La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en el diseño universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas y servidores públicos. Se contemplarán ajustes necesarios a petición del ciudadano.
“Ajustes razonables” las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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