20 de Febrero de 2017
Gracias a una solicitud de derecho a la información de la revista Proceso, ahora nos enteramos de que el Ejército y la Marina no sólo se ocupan de combatir al crimen organizado, sino también hacen labores que deberían estar restringidas al Instituto Nacional de Migración y a Hacienda, vía Aduanas. El Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, operado principalmente por la Marina y Sedena, sólo es integral en lo que se refiere a hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos para evitar que lleguen más migrantes y solicitantes de asilo a ese país.
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos debe disipar cualquier confusión que pudo haber habido en funcionarios gubernamentales mexicanos: no compartimos prácticamente ninguna de las prioridades explicitadas por ese gobierno. No sólo eso: estas prioridades son explícitamente antimexicanas en comercio, trato a los connacionales, política ambiental y un largo etcétera. Como país comprometido con principios de protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos, no sólo de los mexicanos, tampoco compartimos la política trumpiana contra los migrantes centroamericanos. Como firmantes de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños estamos obligados a cuidar y proteger a todos los menores que cruzan nuestro territorio. Y si los deportamos imitando la odiosa política del actual gobierno norteamericano, probablemente estamos cometiendo serias violaciones a los derechos humanos, impugnables ante tribunales internacionales.
El periódico The Washington Post publicó hace dos días los proyectos de directivas gubernamentales para fortalecer la deportación de migrantes y acelerar la construcción del muro. Aunque en el papel parecen respetar el estatus de los dreamers, los jóvenes estudiantes que tienen permiso para estudiar y trabajar —el caso del dreamer Daniel Hernández, detenido para ser deportado pone serias dudas sobre la intención de continuar protegiéndolos—, las nuevas directivas sólo tienen la intención de aumentar las deportaciones.
Basta conocer sus primeros renglones: “El Departamento de Seguridad Interna ya no exceptuará de la política para reforzar (el cumplimiento de las instrucciones sobre migración), a clases o categorías de extranjeros que puedan ser sacados del país”. El conocido caso de Guadalupe García de Rayos, deportada hace dos semanas a pesar de ser madre de dos ciudadanos americanos y que se reportaba anualmente con las autoridades migratorias, demuestra que con la llegada del nuevo gobierno las prioridades han cambiado radicalmente.
Aunque la retórica del gobierno Trump dice que se trata de expulsar a delincuentes que representen un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, esto no es más que una cortina de humo. Es una política deliberadamente racista y xenófoba, que impacta a una mayoría de migrantes de buena conducta, como #Lupita, que llevaba viviendo 22 años en Estados Unidos y sólo había cometido un delito administrativo, no penal. En el caso del dreamerDaniel Hernández, que carece de antecedentes penales, su abogado demostró con fotos que en el papel donde él pidió “no estar con los pandilleros”, las autoridades del centro de detención borraron el “no”.
Los centroamericanos que vienen huyendo de la violencia, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, deben ser protegidos en su tránsito hacia la frontera norte, especialmente de los delitos de extorsión y secuestro del crimen organizado. Las fuerzas de seguridad no sólo no deben deportarlos, sino que deben acompañarlos en convoyes: una vez que crucen el río Grande, dejan de estar bajo nuestra jurisdicción. Me adelanto a la primera objeción: No, no tendremos a cientos de miles de migrantes en la frontera norte. Los migrantes centroamericanos cruzan por el río y en cuanto ven a la Border Patrol se acogen a ella y declaran que acuden a solicitar asilo. No buscan esconderse e internarse en el territorio. Las autoridades norteamericanas difícilmente podrán aplicar la “deportación expedita” (expedite removal) porque se trata en su mayoría de solicitantes de asilo o refugio. Nuestro interés es protegerlos y no facilitarle la vida a un gobierno declaradamente antimexicano.
Como lo demuestra un estudio del American Immigration Council, “México y Centroamérica están sobrerrepresentados entre los deportados”. Además “constituyen el 48% de los inmigrantes sin papeles, pero el 92.5% de los deportados”. Para recuperar nuestra vocación humanitaria necesitamos fondos gubernamentales, de la sociedad civil y del empresariado, para defender legalmente a los connacionales, compartir nuestra infraestructura consular con las autoridades consulares centroamericanas y una política humanitaria para quienes cruzan nuestro país.
Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog, y también en Facebook: fb.com/ceciliasotomx
CASI TODO 
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