Fin a las guerras de las drogas IV Parte

Cuarta parte del Reporte del Grupo de Expertos de la London School of Economics sobre la Economía de la Política de Drogas

Vanda Felbab-Brown

Resumen

Las tres últimas décadas de esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en el extranjero han enfatizado fuertemente la erradicación de cultivos, la interdicción y el desmantelamiento de las organizaciones de narcotráfico (DTOs).

Tales políticas tuvieron el propósito de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos y debilitar a los grupos beligerantes. La evidencia acumulada ha demostrado que estos supuestos básicos son erróneos.

Los casos exitosos de erradicación e interdicción cuando mucho han logrado generar un retraso de dos años antes de que la producción y la oferta se recuperen.

En los países pobres la erradicación fortalece el capital político de los beligerantes.

Esto no significa que la erradicación no debería practicarse nunca. Significa que debe ser bien practicada, usada juiciosamente y, crucialmente, ser propiamente secuenciada con otras medidas.

Igual que la erradicación, los modos de vida alternativos sólo desplazan la producción de un lugar a otro (“efecto balón”). Pero cuando son diseñados como esfuerzos de programas más amplios, pueden lograr que el reforzamiento de la ley, incluyendo la erradicación, sean política y socialmente aceptables, evitando la inestabilidad peligrosa.

Las estrategias enfocadas a la disuasión, blancos selectos e interdicción secuenciada a menudo son alternativas de reforzamiento de la ley más promisorias que los enfoques de supresión del flujo y cero tolerancia.

Los estados deberían abandonar los esfuerzos de golpes fortuitos no estratégicos y de cero tolerancia contra delincuentes de bajo nivel y dirigirlos con selectividad estratégica para dar mayor impacto a cada operación contra el crimen.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben considerar seriamente los lugares a los que la economía ilegal se trasladaría si los esfuerzos de supresión en un lugar particular resultaran efectivos, y considerar también si tal desplazamiento sería deseable.

El humor global antidrogas: el disenso emergente

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[Las políticas de EU han tenido un conjunto de efectos colaterales negativos]

Éstos incluyen: Violación continua de derechos humanos; mayor marginación política, económica y social de sembradores de cultivos ilegales; desestabilización de gobiernos locales; alienación de poblaciones locales; fortalecimiento de vínculos entre grupos beligerantes y poblaciones locales y aumento de la violencia perpetrada por DTOs y otros grupos criminales.

La frustración y la enorme insatisfacción con las políticas apoyadas por Estados Unidos han estimulado el debate en América Latina sobre cómo rediseñar políticas sobre el comercio de drogas, incluyendo varias formas de descriminilización y legalización de algunos narcóticos al menos, como la mariguana.

Sin embargo, tales llamados de reforma no han tenido eco en otras partes del mundo. Rusia en particular ha estado a la vanguardia de los llamados para endurecer políticas. China también ha abrazado las políticas existentes, y muchos países de Asia y Medio Oriente continúan defendiendo sus severas penas para usuarios y traficantes locales.

Entre muchos reformadores de la política de drogas hay un consenso emergente de que las políticas de legalización, salud pública tratamiento, reducción del daño e incluso legalización de algunas drogas (como la cannabis en Uruguay) son más apropiadas que las políticas punitivas para controlar el consumo.

Mas no hay entre ellos consenso equivalente sobre cómo reestructurar las políticas [de reducción] de la oferta y cómo mitigar las muchas amenazas planteadas por el tráfico de drogas, incluyendo las amenazas a la seguridad pública por las organizaciones narcotraficantes violentas y a la seguridad nacional por los nexos entre los beligerantes y el tráfico de drogas.

Muchos proponentes de la legalización argumentan que ésta eliminará por sí misma la violencia, la criminalidad y los nexos de los beligerantes. La presente contribución no apoya esa posición. Sostiene, en cambio, que aun en mercados de mercancías legales el reforzamiento de la ley cumple un papel clave. Más que descartar la erradicación, la interdicción y lo modos de vida alternativos, sostiene la gran y urgente necesidad de hacerlos más inteligentes.

Los fracasos de la erradicación y cómo repararlos

Una premisa clave de las estrategias que enfatizan la erradicación de los cultivos de drogas es que la disminución de la oferta reducirá el consumo por vía del aumento de precios en las calles. No obstante, aunque la erradicación ha sido extensa y en ocasiones exitosa (por ejemplo en China en los 1950 y los 1960, y en Vietnam en los 1990 y los 2000), han fracasado en aumentar drásticamente los precios, incluyendo los de los mercados de consumo.

En Estados Unidos el consumo de cocaína ha ido bajando de manera constante, principalmente porque los usuarios duros han ido envejeciendo. Al mismo tiempo, el consumo de metanfetaminas y de drogas sintéticas y de prescripción ha aumentado. El consumo de cocaína en Europa Occidental ha aumentado también. Irán y Pakistán siguen siendo grandes mercados de heroína y otros opiáceos. Rusia y Brasil tienen problemas de consumo de drogas ilícitas que rivaliza con Occidente y continúa creciendo. En lugares donde el tráfico y la producción tradicional de drogas han sido suprimidos, como Burma y Laos, la gente no ha dejado de usarlas. En vez de eso suele usar drogas sintéticas preparadas en hogares, las que a menudo causan más daño a la salud que las sustancias tradicionales basadas en alcaloides.

En efecto, pese a determinados esfuerzos de erradicación en los últimos treinta años, los precios de las drogas en Europa Occidental han ido bajando. En Estados Unidos, los precios de la heroína al menudeo cayeron de 1,896 dólares el gramo de 11% de pureza en 1981 a 408 dólares el gramo de 28% de pureza en 2011. Los precios de la cocaína cayeron de 669.18 dólares por dos gramos a 40% en 1981 a 177.26 dólares a 42% de pureza en 2011. El menor precio es el registrado en 2007: 132.89 dólares a 64% de pureza. Los precios de la heroína son así 21% menores y los de la cocaína 26.5% menores que los de principios de los ochenta en términos nominales.

Se podría responder que, en ausencia de las medidas de disminución de la oferta, los precios habrían sido más bajos y el consumo sería mayor. Tal contrargumento refleja las dificultades inherentes de la obtención de inferencias sin comparaciones de control analítico de políticas alternativas. Imaginemos el siguiente escenario: un paciente ha estado tomando una píldora bajo tratamiento pero no mejora.

¿Esto implica que la píldora no es un tratamiento efectivo? Posiblemente. Pero hay otras posibilidades:

• La dosis debe ser mayor, análogamente a campañas de erradicación más intensas.
• La píldora es al menos parcialmente efectiva y sin ella el paciente estaría más enfermo.
• La píldora no sólo es ineficaz, es contraproducente, como los programas de erradicación descritos, que han complicado los esfuerzos para suprimir la beligerancia y el terrorismo.
• El tratamiento es efectivo contra la enfermedad (análogamente a erradicar los cultivos de amapola en un lugar particular) pero está matando al paciente en el proceso (análogamente a empeorar la situación de los derechos humanos y complicar los esfuerzos de contrainsurgencia y contraterrorismo).

En efecto, los esfuerzos de supresión de los narcóticos han fracasado consistentemente en su segunda premisa clave: disminuir las capacidades físicas de los grupos beligerantes y terroristas haciéndolos quebrar, lo que resulta frecuentemente en pequeños cambios de ingreso en caso de supresión parcial de la producción. Dada la muy estable o creciente demanda internacional, la supresión total y permanente de la oferta es muy difícil de lograr. El grado de las pérdidas financieras de los beligerantes causadas por la supresión de su economía ilegal depende de su propia estabilidad, de los traficantes y de los cultivadores. Los métodos de adaptación frecuentemente son plenos, especialmente en el caso de las drogas ilegales. Los beligerantes pueden almacenar drogas, las cuales son esencialmente imperecederas. Los beligerantes pueden tener dinero afuera. Los cultivadores pueden volver a plantar después de la erradicación y compensar las pérdidas de las áreas erradicadas. Cultivadores, traficantes y beligerantes pueden desplazar la producción a áreas que no están siendo erradicadas y difíciles de detectar. Los traficantes pueden cambiar [sus rutas o modalidades] de tráfico, sus medios de transporte o adoptar otras tácticas de evasión.

Los éxitos de las políticas antidrogas de reforzamiento de la ley suelen durar poco. Sin reducción de la demanda global, inevitablemente abren camino a la recuperación de la oferta en el mismo lugar o en cualquier otro (el llamado “efecto balón”). Los cultivos de coca y opio son actividades típicamente sueltas: requieren poco capital, poca capacidad laboral y la tecnología necesaria es simple y bien conocida. Las políticas de supresión en países fuente (erradicación e interdicción) cuando mucho han tenido éxito en crear un intervalo de dos años antes de que la producción y la oferta se recuperen.

En las últimas cinco décadas no ha habido un solo caso en que las políticas de erradicación hayan logrado quebrar o derrotar a los beligerantes. Incluso en Colombia, la erradicación obstaculizó los esfuerzos gubernamentales para derrotar a las FARC. En efecto, la supresión de cultivos narcóticos ha probado ser completamente contraproducente para derrotar a los beligerantes, obtener inteligencia útil sobre ellos y terminar los conflictos violentos. Esto se debe que los beligerantes suelen obtener no sólo recursos financieros, sino capital político de su involucramiento en economías ilegales como el tráfico de drogas. El aumento de su capital político es especialmente pronunciado cuando se involucran en economías ilegales basadas en trabajo intensivo, como apoyar el cultivo de drogas ilegales en regiones pobres sin oportunidades de trabajo legal. Ahí las poblaciones locales, por cuya lealtad compiten terroristas, beligerantes y gobiernos, dependen completamente del cultivo de drogas para su sobrevivencia económica, seguridad humana y progreso social.

Los beligerantes que usan su patronazgo de la economía ilegal y el ingreso que obtienen de ella para proveer bienes públicos y beneficios socioeconómicos como escuelas, clínicas y caminos ‒de los que de otro modo la población carecería y a la que protegen de traficantes abusivos y particularmente de los esfuerzos de erradicación del gobierno‒obtienen el apoyo político más fuerte. La población se vincula a ellos, a menudo proveyéndoles beneficios materiales como alimento y refugio y negando información sobre ellos al gobierno y a las fuerzas contrainsurgentes. Así, en países y regiones pobres, la erradicación de cultivos ilegales fortalece decisivamente el capital político de los beligerantes.

Por otro lado, en periodos y lugares donde se ejercita la interdicción sin erradicación, especialmente cuando el laissez-faire del cultivo de narcóticos es la política, el capital político de los beligerantes declina y la población se inclina más a cooperar y a dar información a las autoridades, fortaleciendo así los esfuerzos contrainsurgentes y antibeligerantes.

Condiciones necesarias para que la erradicación sea efectiva en reducir cultivos en áreas específicas:

• Primero y sobre todo, si el objetivo de un gobierno es suprimir la producción en todo el país, necesita tener control de todo su territorio. Debe tener conocimiento detallado de hacia dónde se desplaza la producción a consecuencia de la erradicación y ser capaz de contrarrestar la tendencia. Debe tener también presencia continua en el terreno para evitar que se cultive de nuevo. No puede enfrentar una oposición armada capaz de explotar la rabia popular contra la erradicación.

Además del firme control del gobierno de todo el país, se requiere una u otra de las siguientes condiciones:

• Que el gobierno tenga la firme voluntad y capacidad de ser muy duro con la población ‒ignorando [que] su situación económica es empeorada por la erradicación; reprimir protestas y rebeliones contra la erradicación y eliminar a los líderes de oposición que abanderen la causa anti-erradicación y puedan movilizarse efectivamente contra el gobierno. Y el gobierno debe estar preparado para ejecutar tal represión repetidamente en los años subsiguientes. No es necesario decir que tal política [sería] inconsistente con la democracia y los derechos humanos ‒y que no es recomendada por la autora.
• Que haya alternativas de modos de vida ‒no simples promesas, sino alternativas económicas legales efectivas. Igual que la erradicación, los modos de vida alternativos no eliminarán los cultivos ni las economías ilegales del mundo. Sin embargo, igual que la erradicación, pueden ser efectivos para reducir y hasta eliminar la producción ilegal en regiones o países en particular si las políticas son bien diseñadas, integradas con las estrategias de disminución de la pobreza y tengan el auspicio de un amplio contexto económico favorable. Sin embargo, a menudo tales políticas no son diseñadas ni implementadas efectivamente y producen resultados decepcionantes. Más abajo se discute cómo mejorar su efectividad.

El modelo de represión dura ha sido exitoso sólo temporalmente y se ha derrumbado en pocos años. El cultivo de la amapola en Afganistán se reanudó un año después de la prohibición Talibán en 2000. En Bolivia, pese a la combinación de represión y programas de desarrollo localizados, la producción aumentó desde el año 2000. La erradicación del cultivo de opio en China por Mao en los años cincuenta y sesenta ha sido la campaña más efectiva y duradera de todas, pero se hizo con niveles de brutalidad que serían intolerables en la mayoría de los países.

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Las fuerzas militares ‒domésticas o internacionales‒deben enfocarse directamente en derrotar a los beligerantes y proteger a la población. Tienen un importante papel en la política antidrogas y en la supresión de otras economías ilegales, principalmente dar seguridad. Sin tal seguridad, los esfuerzos para suprimir economías ilegales no serán efectivos. Pero las fuerzas militares no deben involucrarse en la erradicación.

Si los beligerantes no han penetrado aun una economía ilegal en un país, el gobierno debe hacer todos los esfuerzos para evitar que la penetren, con medidas como cordones sanitarios alrededor de la región.

Si los beligerantes emprenden por sí mismos la supresión de una economía ilegal de trabajo intensivo, el gobierno debe intervenir de inmediato y dar apoyo económico a la población. Debe también intensificar sus esfuerzos contra los beligerantes en momentos en que éstos son extremadamente vulnerables políticamente y no tienen un apoyo robusto de la población…

Los esfuerzos para diezmar los recursos de los beligerantes deben enfocarse en mecanismos como el lavado de dinero, que no afecta directamente a la población. Tales medidas no pueden ser locales sino que requieren refuerzo a nivel global. Es importante reconocer, sin embargo, que las medidas anti-lavado no son panacea y su efectividad será limitada.

Si el gobierno emprende por sí mismo esfuerzos de supresión de una economía ilegal de trabajo intensivo ‒esfuerzos que afectan a la población en sentido amplio‒ debe al menos compensar tan peligrosa política con alivio inmediato como ayuda humanitaria y programas de modos de vida alternativos. Estos programas no podrán despegar realmente sino hasta que el conflicto haya terminado y la seguridad haya sido establecida, pero el gobierno debe mostrar claramente a la población que no es indiferente a su situación.

Incluso una vez que el conflicto haya terminado, la erradicación de cultivos debe ser emprendida hasta que la población tenga acceso a modos de vida alternativos que encaren la gama completa de factores estructurales del cultivo ilegal. Esto puede significar posponer la erradicación por varios años mientras se implementan modos de vida alternativos; la erradicación debe ser emprendida hasta que las personas reciban suficiente ingreso legal. Sin embargo, una erradicación secuenciada bien puede ser emprendida en áreas donde las personas no son económicamente dependientes de cultivos ilegales. La política llamada uno-cato que el Presidente Evo Morales adoptó en Bolivia para permitir a la gente cultivar una pequeña área de coca, enseña muchas lecciones (Coletta Youngers, “Shift in Cultivation, Usage Put Bolivia’s Coca Policy at the Crossroads”, World Politics Review, December 5, 2013, 1-3).

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Los fracasos de los modos de vida alternativos y maneras de mejorarlos

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Tailandia es el ejemplo exitoso más significativo. Ahí, tres décadas de desarrollo rural multifacético, amplio, bien financiado y bien administrado desde los 1970, significativamente acompañado de crecimiento económico crucial e impresionante que creó muchas nuevas oportunidades de empleo fuera de las áreas de drogas, condujeron a la eliminación del cultivo de amapola, que bajó de 17,920 hectáreas en su punto más alto entre 1965 y 1966 a 209 hectáreas en 2012. Es importante subrayar que aun en su punto más alto, el cultivo fue alrededor de una décima parte del de Afganistán y del de América Latina (en el caso de la coca). No obstante, Tailandia sigue teniendo un tráfico floreciente de drogas sintéticas y de opiáceos de otros países.

Para que los programas de modos de vida alternativos sean efectivos y duraderos, se requiere establecer buena seguridad en las regiones rurales. En otras palabras, los conflictos militares deben ser terminados.

Además, los programas alternativos no pueden ser implementados sólo como sustitutos de cultivos. La rentabilidad es sólo un factor. Incluso en los países occidentales ricos, el cultivo de cannabis ilegal es más redituable que los muchos empleos legales, pero la gran mayoría de la población elige empleos legales. La clave de los modos de vida alternativos no debe ser la igualación de los precios de las mercancías ilegales ‒un juego de pérdidas‒ sino crear condiciones económicas tales que permitan a la población tener un modo de vida decente sin necesidad de recurrir a la economía ilegal.

Otros factores de las economías ilegales, tales como la inseguridad y la falta de acceso a los recursos productivos necesarios, de cadenas de valor agregado y de mercados, son frecuentemente más decisivos para la participación en mercados ilegales. Así, los campesinos de las regiones de Shinwar y Achin en Afganistán, o los de las colinas Shan en Burma, siguen cultivando drogas ilícitas, pese a que cultivos legales como los vegetales obtienen mejores precios y les traerían grandes ganancias. La minimización de riesgos en un ambiente de grandes riesgos puede ser más importante que la maximización de ganancias. También importa la combinación de muchos otros factores: seguridad, imperio de la ley, derechos de propiedad seguros y consideraciones morales, así como otros factores económicos estructurales.

Para que los modos de vida alternativos puedan despegar y sean sostenibles, deben ser encarados todos los factores estructurales de las economías ilegales. Deben comprender la creación de suficientes oportunidades de empleo (como el fomento de cultivos de trabajo intensivo y alto valor), infraestructura, distribución de nuevas tecnologías (incluyendo fertilizantes y semillas mejoradas), ayuda de mercado y desarrollo de cadenas de valor agregado, facilitación de microcréditos locales, acceso a la tierra y desarrollo de oportunidades de ingreso fuera del campo, para mencionar unos pocos.

Los esfuerzos de crear modos de vida alternativos serán inefectivos si son concebidos sólo como caridad e intervenciones aisladas, como a menudo es el caso en ambientes rurales, donde el objetivo es suprimir el cultivo de drogas, y en ambientes urbanos, donde las políticas socioeconómicas se limitan a reducir el tráfico de drogas y otros delitos…

Los fracasos de la interdicción y cómo hacerla más efectiva

En las últimas décadas, las políticas de interdicción han sido predominante diseñadas para frenar o minimizar el volumen de flujos ilícitos. Ocasionalmente han tenido éxito en interrumpirlos, desviar su ruta o reconformar las estructuras del mercado. Por ejemplo, la destrucción de la llamada “Conexión francesa” y el contrabando de heroína de Asia por Turquía en los setenta (atribuible a decomisos exitosos y a la autorización de cultivo de opio en Turquía para fines médicos). Pero el resultado de destruir la “Conexión francesa” dio lugar a la emergencia de producción sustantiva de heroína en otras partes, principalmente en México. En los 1990, Estados Unidos fue muy eficaz al frenar el tráfico de drogas por el Caribe, pero las rutas se movieron hacia América Central y México. Con ayuda de Estados Unidos, Colombia se impuso sobre los cárteles de Medellín y Cali y pulverizó otros grandes cárteles en grupos pequeños menos peligrosos, pero estos éxitos fortalecieron a los grupos de narcotraficantes mexicanos.

(…) En México, los asaltos frontales prematuros y no selectivos del Estado durante la administración del presidente Felipe Calderón desbandaron a los grupos de narcotraficantes pero provocaron también guerras extremadamente violentas entre y dentro de los grupos criminales por el territorio y el acceso a los canales de corrupción. En Afganistán, los esfuerzos de interdicción de mediados de los años 2000 dirigidos contra traficantes más pequeños y menos poderosos resultaron en la integración vertical de éstos, en el ascenso de capos poderosos y bien relacionados y en la habilitación del Talibán para su reintegración al tráfico de drogas. Similarmente, los enfoques de cero tolerancia a las drogas y al crimen, populares en el mundo desde fines de los ochenta, a menudo han probado ser problemáticos. Frecuentemente han fracasado en suprimir la criminalidad, al tiempo que han aumentado la violación de derechos humanos y el abuso policiaco. El objetivo absolutista de supresión total del tráfico de drogas (o de todo el crimen organizado) será inalcanzable y particularmente problemático en el contexto de debilidad estatal aguda, donde las instituciones débiles y subdesarrolladas son la norma. No obstante, los esfuerzos de interdicción bien diseñados siguen siendo un instrumento crucial, no porque vayan a reducir sustantivamente el ingreso de los beligerantes o limitar significativamente la oferta, sino porque permiten al estado evitar la cooperación de los grupos criminales con los actores militantes. También permiten evitar que los primeros acumulen excesivo poder de coerción y corrupción que amenace la seguridad, el imperio de la ley y la integridad política de los países. Ayudan también a minimizar la violencia asociada con los mercados del crimen.

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Las promesas de autorización y legalización y por qué no son una panacea

Las políticas de los países fuente hacia las economías ilegales también pueden comprender la autorización de éstas para propósitos lícitos. Por ejemplo, la autorización del cultivo de amapola para producir opiáceos médicos (morfina, codeína y tebaína) en Turquía eliminó el cultivo ilegal de la planta ahí. El hecho de que algunas formas de autorización sean factibles y efectivas en un contexto no significa que lo sean en otros contextos. Turquía tiene un estado fuerte con firme control sobre el territorio de interés. Además, fue capaz de utilizar una tecnología particular, el llamado método paja de amapola, que hace muy difícil la desviación de morfina hacia el mercado ilegal. El sistema de licencias de la India de cultivo de amapola para producir opiáceos médicos resultó mucho menos efectivo para evitar la desviación de opio hacia usos ilegales, pues no se adoptó el método paja de amapola. Aunque la India y Turquía tienen mercado garantizado en Estados Unidos bajo la norma 80/20, ambos están siendo desplazados del mercado legal por nuevos proveedores industriales de opiáceos médicos, como Australia. Tratar de aplicar tales esquemas de autorización, digamos en Afganistán hoy, enfrentaría un conjunto de obstáculos legales, políticos, económicos y de eficiencia, entre ellos la falta de seguridad y de presencia del estado, así como falta de mercado garantizado y una dura competencia internacional.

Además de los opiáceos, la autorización de producción limitada puede y de hecho ha sido adoptada en los casos de explotación maderera en bosques tropicales, minería y comercio de especies salvajes. En algunos casos, como la cría de cocodrilos, la autorización ha resultado ser una política muy efectiva, salvando a muchas especies de la extinción.

En muchos otros casos, sin embargo, esta práctica resultó ser sólo un lavado de conciencia de los consumidores, enmascarando prácticas indeseables, complicando la aplicación de la ley y aumentando la demanda.

Los proponentes de la legalización como mecanismo para reducir el crimen organizado a menudo esgrimen dos argumentos: que despojará severamente de recursos al crimen organizado y que liberará a las agencias de reforzamiento de la ley para que se concentren en otros tipos de delitos, como homicidios, secuestros y extorsión. Un país podría tener buenas razones para legalizar el consumo e incluso la producción de algunas sustancias adictivas y capotear las consecuencias de su posible mayor uso. Tales razones podrían incluir la provisión de mejores servicios de salud, la reducción del número de usuarios en prisión y quizá generar mayores ingresos y empleos para los pobres.

Pero sin presencia estatal robusta y reforzamiento efectivo de la ley habrá poca seguridad de que los grupos del crimen organizado sean excluidos del comercio legal de drogas. De hecho, pueden tener numerosas ventajas sobre las empresas legales y arreglárselas para controlar el negocio, incluyendo el uso medios violentos.

Además, pueden intensificar sus violentas luchas de poder por las economías ilegales remanentes, como el contrabando de otras mercancías ilegales o migrantes, prostitución, extorsión y secuestro.

La legalización tampoco implica que la aplicación de la ley sea liberada para enfocarse en otros asuntos o volverse menos corrupta: el estado tendría que dedicar recursos sustantivos para regular, monitorear y reforzar la economía legal [y evitar que] sirva como mecanismo para lavar [dinero] de las drogas producidas ilegalmente.

Adicionalmente podría emerger un mercado gris de drogas: mientras más altos sean los impuestos a la economía legal de drogas para disuadir su uso y generar ingresos, mayores serán las presiones para que surja un mercado gris. Los grupos del crimen organizado podrían establecer sus propios campos con impuestos menores, arrebatar mercados y ganancias, y el estado volvería a combatirlos y erradicar sus campos. Tales mercados grises existen junto a un conjunto de actividades económicas, desde cigarrillos hasta autos robados.

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