Alberto Elías Beltrán: presunto culpable

05 de Marzo de 2018

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, Alberto Elías Beltrán aceptó en conferencia de prensa haber dado la orden para difundir el video grabado ilegalmente cuando el 25 de febrero el candidato presidencial de Por México al Frente acudió a la PGR-SEIDO a entregar un escrito.

La primera falta es a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios Públicos, que en su artículo 8-V ordena “Custodiar y cuidar documentación e información que por razón de su empleo cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido”. Elías Beltrán, actuando como parte del equipo de comunicación del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no sólo no cuidó estos datos administrativos sino que conspiró para intentar hacer el mayor daño posible al candidato Anaya.

El video se grabó ilegalmente porque en las instalaciones de la PGR-SEIDO, a donde acudieron el candidato y los representantes del Frente no hay ningún aviso de privacidad que advierta al ciudadano que está siendo videograbado y menos que el video será dado a los medios. En mi blog ceciliasotog.com encontrarán las fotos tomadas poco después del evento donde se prueba que no había ningún anuncio de privacidad, a diferencia del Inai en donde se advierte a cualquier persona que ingresa al edificio que está siendo videograbado.

En enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los sujetos obligados son los funcionarios con altas responsabilidades en los distintos órganos de los tres poderes así como en los organismos autónomos. Por tanto, el señor Elías Beltrán es de los sujetos obligados por esta ley.

De esta última legislación, la Procuraduría General de la República violó los artículos 6, 7, 20-III,21, 25,26, 27, 28, 32-IV y el 81, por lo menos.

La ley general mencionada protege los derechos humanos de los ciudadanos al exigir que prive el llamado “principio de finalidad” para el tratamiento de sus datos personales, es decir, “limitar el tratamiento de la información personal al cumplimiento de las finalidades previamente consentidas por el titular” (es decir el ciudadano). En este caso no sólo no hubo advertencia de la grabación de imagen ni de sonido y menos se pidió el consentimiento para ser difundido.

No hubo ninguna finalidad consentida por los ciudadanos espiados y grabados, sino que el titular —por—mientras de la Procuraduría General de la República usó imagen y sonido de los dirigentes del Frente para sus propios fines: contribuir a la estrategia para intentar parar la campaña de Ricardo Anaya. No importa si se lo ordenaron de la oficina de Los Pinos o servilmente se ofreció para tener méritos frente a la insalvable campaña del Revolucionario Institucional.

El periodista Ciro Gómez Leyva hizo públicos en su programa matutino los trabajos de la Procuraduría General de la República para intentar acusar al candidato de “insultar a la autoridad”: primero, limpió el sonido hasta intentar evidenciar la expresión sonora expresada en privado y no a la autoridad y casualmente como lo hacen cientos de miles de mexicanos.

Por si la voz no era suficientemente clara, la Procuraduría General de la República subtituló esa parte del video solicitando a los medios que no usaran esos subtítulos para que no se vincularan a esa institución (pues tienen derechos de autor) y pidieron a los medios repetir los subtítulos. El descaro y la estulticia no tienen límites.

El artículo 81 de la Ley, que obliga a sujetos obligados, plantea que “Las comunicaciones privadas son inviolables” y en este caso se trató de una conversación privada entre los integrantes del Frente no entre estos y la autoridad. Y el artículo 6 dice: “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlas arbitrariamente”.

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A diferencia de lo que dice el procurador-por-mientras “el derecho a la protección de datos personales sólo se limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros” y ninguna de esas categorías se aplican.

El Presidente de la República ha puesto en peligro la viabilidad y confiabilidad de las elecciones al utilizar de forma facciosa a instituciones como la Procuraduría General de la República.

Mantener a Alberto Elías Beltrán en la Procuraduría equivale también a una “confesión de parte” a encubrir y compartir la flagrante violación a la privacidad  de los líderes del Frente y los torpes intentos para hacer declarar a Ricardo Anaya sin ser citado. #AsíNo. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

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