Anatomía de una masacre

Comparto con ustedes el artículo de la periodista Ginger Thompson sobre la masacre de Allende, publicado en ProPublica en conjunto con National-Geographic, un texto clave porque resalta las consecuencias no previstas de la información dada a conocer por la DEA sobre los cárteles.

La historia del asalto mortal a un pueblo mexicano cerca de la frontera con Texas. Y la operación antidrogas estadounidense que lo desencadenó.

“José Juan Morales, coordinador de investigadores, Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en el estado de Coahuila: Tenemos testimonios de personas que afirman que participaron en el crimen. Se hablaba de alrededor de 50 camionetas que llegaron a Allende con gente vinculada al cártel. Ingresaron a domicilios, los saquearon, quemaron. Después de saquearlos, llevaron a las personas que vivían en los domicilios a un rancho a las salidas de Allende.

Primero los mataron y luego los metieron a una bodega donde había pastura, los rociaron con diésel y les prendieron fuego. Estuvieron alimentando el fuego horas y horas”.

José Juan Morales

Coordinador de investigadores, Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en el estado de Coahuila

LOS INDICIOS DE QUE ALGO INNOMBRABLE pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, mostradores de mármol agrietados y columnas colapsadas. Esparcidos entre los escombros quedan los vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes.

En marzo de 2011, el tranquilo pueblo ganadero, de unos 23 000 habitantes y a solo 40 minutos en auto de la frontera con Texas, fue atacado. Sicarios del cartel de los Zetas, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo, arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina; demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños.

La destrucción y las desapariciones se sucedieron erráticamente por semanas. Solo unos pocos familiares de las víctimas — en su mayoría los que no vivían en Allende o habían huido — se atrevieron a buscar ayuda. “Quisiera aclarar que Allende parece zona de guerra” se lee en un informe acerca de una persona desaparecida. La mayoría de las personas a las que les pregunté por mis familiares respondió que no debería seguir buscándolos, porque a los de afuera no los querían y los desaparecían”.

Pero, a diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) logró un triunfo inesperado. Un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.

Entonces, la DEA se la jugó. Compartió la información con una unidad de la policía mexicana que, por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido entrenados y aprobados por la DEA. Casi de inmediato, los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos.

La atrocidad en Allende fue particularmente sorprendente, porque los Treviño no solo habían basado algunas de sus operaciones en las cercanías — con movimientos de decenas de millones de dólares en drogas y armas por la zona cada mes — sino que también habían hecho del pueblo su casa.

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Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables. Al final, autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.

Hace un año, ProPublica y National Geographic emprendieron la labor de juntar las piezas de lo que pasó en este pueblo del estado de Coahuila: dejar a los que sufrieron la mayor parte del ataque, y a los que tuvieron algún papel en él, que contaran la historia en sus propias palabras, con frecuencia con gran riesgo para sus vidas. Voces como estas rara vez se han escuchado durante la lucha contra el narcotráfico: funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cartel y por sus propios vecinos, operarios del cartel que cooperaron con la DEA y vieron asesinados a sus amigos y familias, el fiscal estadounidense que supervisó el caso y el agente de la DEA que lideró la investigación y quien, como la mayoría de la gente en esta historia, tiene vínculos familiares en ambos lados de la frontera.

Cuando le preguntaron durante una entrevista sobre su papel en el caso, el agente, Richard Martinez se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. “¿Cómo me hizo sentir el hecho de que la información se hubiera filtrado? Prefiero no decirlo, para ser honesto con usted. Me gustaría dejarlo así. Prefiero no decirlo”.

LA MASACRE

MIENTRAS CAÍA LA TARDE del viernes 18 de marzo de 2011, hordas de sicarios del cartel de los Zetas empezaron a entrar en Allende.

 

A pocos kilómetros a las afueras del pueblo, los sicarios bajaron en varios ranchos vecinos a lo largo de una carretera de dos carriles pobremente alumbrada. Las propiedades pertenecían a uno de los clanes más antiguos de Allende, los Garza. La familia se dedicaba principalmente a la ganadería y realizaba trabajos diversos, entre ellos la minería de carbón. Pero, de acuerdo con miembros de la familia, algunos de ellos también trabajaban para el cartel.

Ahora, estos nexos resultaban mortíferos. Entre aquellos de quienes los Zetas sospechaban que eran soplones — de manera equivocada, se supo más tarde — estaba José Luis Garza, Jr., un miembro del cartel de rango relativamente bajo. Cuando las camionetas llenas de sicarios invadieron Allende, uno de sus primeros destinos fue un rancho que pertenecía al padre de Garza, Luis, a pocos kilómetros del pueblo, junto a una carretera de dos carriles mal iluminada. Era el día de pago y varios trabajadores habían ido al rancho por su dinero. Cuando aparecieron los sicarios, tomaron como rehén a todo aquel que encontraron. Al anochecer, las llamas empezaron a alzarse desde uno de los grandes almacenes de bloques de cemento del rancho, donde el cartel quemó los cuerpos de los muertos.

Desde Allende, los sicarios avanzaron hacia el norte a lo largo de un paisaje llano y seco, acorralando a gente mientras cubrían los 55 kilómetros hasta la ciudad de Piedras Negras, una extensión mugrienta de fábricas ensambladoras sobre el río Bravo. Los atacantes condujeron a muchas de sus víctimas hasta el rancho de los Garza, incluyendo a Gerardo Heath, jugador de futbol de secundaria de 15 años, y Édgar Ávila, de 36 años e ingeniero en una fábrica. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el cartel o con la gente que el cartel creía que trabajaba con la DEA. Solo estaban ahí.

A la mañana siguiente, sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios operarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Muchas de las propiedades fueron saqueadas a plena luz del día, en colonias prósperas y transitadas, a la vista no solo de transeúntes, sino cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares. Los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una ola de saqueos.

Los registros del gobierno obtenidos por ProPublica y National Geographic indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e “invasiones a hogares” por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar.

EL OPERATIVO

UNOS MESES ANTES, en las afueras de Dallas, la DEA había lanzado el operativo Too Legit to Quit [Demasiado Legítimo para Rendirse], después de unas redadas que tuvieron resultados sorprendentes. En una, la policía había encontrado 802,000 dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor dijo que trabajaba para un tipo al que solo conocía como El Diablo.

Después de más detenciones, el agente Richard Martinez, de la DEA, y el fiscal federal adjunto Ernest Gonzalez identificaron a El Diablo como Jose Vasquez, Jr., de 30 años, un nativo de Dallas que había empezado a vender droga cuando estaba en la secundaria y que entonces era el distribuidor de cocaína más importante de los Zetas en el este de Texas, donde movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes.

Mientras se completaban los preparativos para detenerlo, Vasquez se fugó por la frontera hacia Allende, donde buscó protección de los miembros del círculo interno del cártel.

Pero Martinez y Gonzalez vieron en su huida una oportunidad. Si podían persuadir a Vasquez para que cooperara con ellos, les daría acceso a los altos rangos de un cártel, que era notoriamente impenetrable, y la posibilidad de capturar a sus jefes, especialmente a los Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, que habían dejado un sendero de cadáveres en su escalada a la cima de la lista de los más buscados por la DEA. Miguel Ángel Treviño era conocido como Z-40 y Omar como Z-42.

Lo que Martinez quería eran los PIN (números de identificación personal) rastreables de los teléfonos Blackberry de los Treviño. Vasquez, después de huir, le había dado al agente una amplia ventaja. Su mujer y su madre todavía vivían en Texas.

Para evitar la captura, los Zetas hicieron que su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, les diera celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Cuéllar le asignó la tarea de comprar teléfonos nuevos a su mano derecha, Héctor Moreno.

Ante la presión de obtener los PIN de los teléfonos, Vasquez recurrió a Moreno, utilizando información que él manejaba. Fue Gilberto, hermano de Moreno, quien había sido sorprendido al volante del camión con 802,000 dólares en el tanque de gasolina. Con 20 años de prisión por delante, Gilberto había confesado que trabajaba para los Zetas y que el efectivo pertenecía a los hermanos Treviño.

Vasquez organizó que su abogado en Dallas representara a Gilberto y le prometió que no dejaría que nadie en el cártel supiera de las declaraciones incriminadoras de Gilberto. Moreno le devolvió el favor a Vasquez al aceptar conseguirle los números. Pero, llegado el momento, Moreno lo reconsideró.

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LA OCUPACIÓN

LA GENTE DE ALLENDE NO ERA AJENA A LA ILEGALIDAD. Por su proximidad a la frontera norte — los vecinos hacen sus compras de fin de semana en el centro comercial de Eagle Pass, Texas — hacía mucho que familias dedicadas al contrabando vivían tranquilamente en la comunidad. Sin embargo, para 2007, los Zetas se establecieron ahí con el dinero y la fuerza de una ocupación hostil. Eliminaron a rivales, tomaron el control de agencias gubernamentales importantes, convirtieron a la policía local en su secuaz y transformaron la región en un refugio para todo tipo de criminales.

Se asimilaron a la sociedad, casándose con miembros de familias locales o asociándose con ellos. Algunos lugareños se unieron a las filas del cártel, incluyendo a varios miembros de un prominente clan de rancheros y mineros, los Garza.

Ángel Humberto García

Médico y ex legislador

Cuando fui miembro del Congreso, los agricultores y rancheros de Allende empezaron a venir a verme. Estaban aterrados porque sus vidas eran amenazadas. Dijeron que los criminales se habían apoderado de sus propiedades. Algunos me contaron que la única manera en que podían entrar a su propia tierra era si les pedían permiso a los criminales.

Uno de ellos era José Piña. Me comentó que había pedido ayuda a la policía y le dijeron que no podían hacer nada. Había un puesto de control militar a pocos metros de su propiedad, así que le pregunté: ‘¿Y los soldados?.’ Me contestó: ‘Les he dicho a los soldados y nada.’ Pregunté: ‘¿Qué quiere decir con nada?.’ Dijo: ‘No van a hacer nada.’

Indicó que [los Zetas] le habían ofrecido dinero por su rancho, pero no lo iba a tomar. Se había quejado con el presidente municipal y el gobernador, pero no conseguía que nadie lo escuchara. Así que vino a mí y me dio una carta escrita a mano para el presidente.

Dos días después, el señor Piña estaba muerto”.

El diario mexicano El Universal publicó un artículo sobre el asesinato en 2009. Informó que el cuerpo de Piña, hallado detrás de una escuela primaria católica, estaba tan lleno de balas que parecía que había sido “cosido a balazos”. El texto decía que le habían cortado la lengua y los dedos, uno de los cuales se lo habían metido en la boca. Los asesinos dejaron una nota escrita: “Nosotros no nos metemos con ustedes, ustedes no se metan con nosotros”.

LA FILTRACIÓN

ALREDEDOR DE TRES SEMANAS después de que Vasquez le diera los números PIN a la DEA, los jefes del cártel recibieron la noticia de que uno de los suyos los había traicionado y lanzaron una ola de venganza.

Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la DEA en Ciudad de México compartió información relacionada con los números con una unidad de la policía federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos agentes habían sido entrenados y examinados por la DEA. A pesar de ello, tenía un pobre historial manteniendo información fuera de las manos de delincuentes. Un oficial de la unidad, dijeron las fuentes, fue el responsable de la filtración. Cuando ocurrieron los hechos, los jefes de la unidad no respondieron a múltiples solicitudes de entrevistas.

Sin embargo, a principios de este año, uno de los supervisores de la unidad, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades federales estadounidenses para enfrentar cargos por compartir información sobre las investigaciones de la DEA con narcotraficantes. No queda claro si Reyes fue la fuente de la filtración en el caso de Allende.

No fue difícil para los Zetas reducir la lista de delatores bajo sospecha, porque muy poca gente tenía acceso a sus números PIN. Entre ellos estaban Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, el lugarteniente más importante de los Treviño en Coahuila, y Héctor Moreno, mano derecha de Cuéllar.

Sin decírselo a Cuéllar, Moreno le había dado los números PIN a Vasquez. Le estaba devolviendo un favor. El hermano de Moreno, Gilberto, era el conductor del camión que había sido detenido con 802,000 dólares en el tanque de gasolina. Frente a la posibilidad de pasar 20 años en prisión, Gilberto había confesado que trabajaba para los Zetas y que el dinero pertenecía a los Treviño. Vasquez había arreglado que su abogado representara a Gilberto y prometió que impediría que nadie más del cártel supiera sobre sus declaraciones incriminatorias.

Vasquez, Moreno, Cuéllar y Garza, cuyo rancho familiar fue la escena de muchos de los asesinatos, huyeron a Estados Unidos cuando empezó la masacre y accedieron a cooperar con las fuerzas de la ley estadounidenses a cambio de clemencia. Los escalofriantes reportes de lo que estaba pasando en Allende hicieron que las autoridades de Estados Unidos se dieran cuenta de la ira que había desencadenado aquella filtración.

LA SECUELA

DURANTE AÑOS, las autoridades estatales y federales en México no parecían hacer un esfuerzo verdadero para indagar en el ataque. Las autoridades federales mexicanas dijeron que sus predecesores no investigaron porque los asesinatos no se podían conectar al crimen organizado, pero reconocieron que ellos tampoco han investigado.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra official, 28, y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic han identificado alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos al asedio realizado por los Zetas aquel año.

Los familiares fueron abandonados a su suerte a la hora de juntar las piezas de lo que pasó y reconstruir sus vidas.

En mayo de 2011, Héctor Reynaldo Pérez levantó un reporte de persona desaparecida con las autoridades estatales. Su hermana, que se había casado con un Garza, había desaparecido junto con su familia entera. Menos de un año después, el mismo Pérez desapareció. Un informe por parte de investigadores independientes de derechos humanos en El Colegio de México halló evidencia de que Pérez había sido visto por última vez en custodia de oficiales de la policía de Allende.

Después de eso, pocos familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda con las autoridades, mucho menos a hablar públicamente sobre su tragedia. Varios se mudaron a Estados Unidos.

Ninguna familia perdió más miembros que los Garza. Se cree que casi 20 de ellos están muertos, incluida Olivia Martínez de la Torre, de 81 años, y su bisnieto de siete meses, Mauricio Espinoza. Los hermanos del bebé, Andrea y Arturo, que tenían cinco y tres años en aquel momento, aparecieron en un orfanato de Piedras Negras después del asesinato de sus padres.

Su abuela paterna, Elvira Espinoza, camarera de un hotel en San Antonio, fue por ellos con su esposo.

Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron una “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos.

Menos de una docena de sospechosos han sido arrestados, la mayoría eran ex policías locales y peones del narco que seguían órdenes. Nadie ha sido acusado de asesinato. En 2015, la oficina del fiscal especial de Coahuila comenzó una serie de reuniones con familiares de aquellas víctimas que, como creían los investigadores — basados en confesiones — estaban muertos. Emitieron certificados de defunción, pese a no tener cuerpos, que enlistaban causas de muerte como “choque neurogénico” y “combustión total debido a exposición directa al fuego”.

La DEA se atribuye a sí misma las capturas, pero no dice si ha investigado cómo terminó en manos de los Zetas la información sobre los números PIN. Terrance Cole, el supervisor de Martinez en Dallas, y Paul Knierim, en aquel entonces supervisor de la DEA en Ciudad de México que ejerció como enlace con la unidad de la policía federal mexicana entrenada por la DEA, se negaron a dar entrevistas.

Knierim fue ascendido y actualmente es el jefe adjunto de operaciones en la oficina central de la DEA en Washington.

Pero Martinez aceptó hablar, con un breve nudo un la garganta cuando le pregunté sobre su papel en la masacre. Distinguido como agente del año en 2011, ahora tiene cáncer de colon y hasta ahora el tratamiento médico ha fallado. Russ Baer, portavoz de la DEA, viajó dos veces desde Washington, D.C., a Texas para monitorear las entrevistas con Martinez y otro agente. Mientras Martinez hablaba, Baer interrumpió para enfatizar que los Zetas más importantes estaban en prisión y que la investigación hecha por la agencia tuvo éxito.

 

 

 

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