En Brasil, legisladores funcionarios públicos gozan de un «fuero especial»: no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios pero el Supremo Tribunal Federal (su Corte Suprema) puede autorizar una investigación y juzgarlos. Martes y miércoles, el Ministro Edson Fachin, del STJ, autorizó que se hicieran públicos los testimonios escritos y videograbados de Emilio Odebrecht, presidente del Grupo Odebrecht hasta 2005, y de su hijo Marcelo, quien lo sustituyó como CEO de la compañía hasta 2015, cuando fue acusado de participar en operaciones fraudulentas con Petrobras y fue juzgado y sentenciado a 19 años de prisión.
Las declaraciones son una verdadera bomba atómica para la clase y el sistema políticos brasileños. Se mencionan a 98 políticos: incluyendo tres ex presidentes: Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, al actual presidente Michel Temer, legisladores y altos funcionarios de partidos
De la oposciión se mencionan al PT con 20 integrantes y hasta tres del PC do B. De la coalición aliada con el actual presidente Michel Temer están incluidos 14 partidos con sus principales cuadros políticos: 16 del PMDB, 13 del PSDB, 9 del PP, 5 del DEM, 6 del PSD, etc., hasta completar 66 políticos.
Hablo de «bomba política» porque las revelaciones implican a casi todos los principales integrantes de la clase política y pueden resultar en la caída del actual gobierno, en la inhabilitación del ex presidente Lula, en la inhabilitación de candidatos potenciales como Aécio Neves, sin que a la fecha exista una alternativa nueva legal electoral ni un polo alternativo claro.
En su testimonio, Emilio Odebrecht, dice algo nada lejano de la realidad mexicana: «No entiendo porqué se sorprenden con todo lo que se ha revelado. Esto se viene haciendo desde hace 30 años». El reto es desmontar ese modo de hacer las cosas sin causar caos.
CASI TODO 
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